9º-13º
viernes | 26 abril | 2024
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusó de colaboración con ETA a los dos mandos policiales procesados por el caso “Faisán” –el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el exinspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros– por orden expresa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
En su escrito de acusación por el “chivatazo” a ETA, el fiscal Carlos Bautista pide dos años de cárcel para Pamiés por revelación de secretos “y, alternativamente,” cinco años de prisión por colaboración con banda armada, mientras que para Ballesteros pide un año y medio por la revelación de secretos y “alternativamente” otros cinco por colaboración.
Bautista destaca en su escrito que la acusación por el delito de colaboración la hace por orden expresa de Torres-Dulce según lo dispuesto en el artículo 25, párrafo 1, del Estatuto Fiscal, ya que siempre defendió que el chivatazo únicamente constituye un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública.
Según ese artículo, el fiscal general podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos.
Además de la pena de cárcel, el fiscal pide que ambos sean condenados a once años de inhabilitación absoluta y multa de 27.000 euros para Pamies y de 21.600 para Ballesteros, como autores del chivatazo que desbarató una operación contra el aparato de extorsión de ETA en mayo de 2006, en plena negociación con la banda.
El juez Pablo Ruz procesó a los policías por colaboración con banda armada y revelación de secretos, aunque la Audiencia Nacional ya indicó que los delitos quedaban por concretar hasta que calificaran las acusaciones correspondientes.
El juez, al dictar el procesamiento consideró que en el procedimiento “aparecen motivos bastantes” para imputarles colaboración terrorista y revelación de secretos.
