11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La defensa de la infanta Cristina, recurrió ayer su imputación en el caso Nóos con la alegación de que en la causa no hay delito ya que “jamas ha existido indicios” incriminatorios contra ella y consideró la medida “más propia del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo” que del procedimiento justo que garantiza la Carta Magna.
En un escrito de 32 páginas registrado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva exponen además que la condición de imputado implica “cargas o efectos negativos, tanto procesales como extraprocesales”.
Los abogados comparten en su totalidad las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto del juez José Castro, que fueron que la imputación vulnera el principio de igualdad, así como la inexistencia de infracción penal, de indicios incriminatorios previos y de datos sobre su participación en los delitos contra la hacienda pública, la vulneración del principio acusatorio y la no aplicación de la jurisprudencia existente.
análisis crítico
Los letrados de la infanta hacen suyo el “análisis crítico” de la Fiscalía hacia lo que el juez denomina indicios y citan al fiscal Pedro Horrach cuando dicen que en la instrucción de varios años solo pudo “extraerse el hecho incuestionable” de que doña Cristina era vocal del Instituto Nóos y tenía participaciones en la empresa Aizóon.
Consideran que esto es “absolutamente insuficiente para dirigir una imputación penal contra una persona, sea cual sea la identidad o condición de esta”, ya que debe basarse en “hechos-base” de una participación relevante en presuntos delitos.
Sobre las dudas del juez acerca de si la infanta conocía que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado, dicen que son una “mera conjetura” o “suposición sin fundamento” y afirman que, en el actual momento de la instrucción, que está en su recta final, “las meras sospechas o dudas ya no pueden dar lugar a una imputación tardía”, que califican de “extemporánea”.
Los abogados recuerdan que la infanta apoya a varias instituciones, en las que sus empleados son quienes deben velar por su adecuación a la legalidad.
Los abogados consideran que la única razón de la imputación es la declaración del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y los correos que aportó a la causa.
Califican a Torres como “un testigo imputado de escasa o nula credibilidad” y rechazan unos correos que deberían ser sometidos a una exhaustiva comprobación de su autenticidad y de la licitud del modo en que fueron obtenidos.
