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sábado | 20 abril | 2024
El juez del caso “Bárcenas”, Pablo Ruz, acordó ayer una serie de diligencias, entre ellas la toma de declaración como testigo del presidente de Mercadona, Juan José Roig, para tratar de averiguar si el PP cometió un delito fiscal en 2008.
Ruz cita como testigos el 5 de febrero a Roig y otros tres presuntos donantes del PP que aparecen en los papeles de Bárcenas, y a los apoderados del partido en la sede de La Rioja en 2008 Carlos Cuevas Villoslada y Ana Elvira Martínez Martínez y la persona que en ese periodo ocupara el cargo de gerente regional.
En los papeles de la supuesta contabilidad B del PP, aparece una entrada del 26 de mayo de 2008 de 200.000 euros con el concepto “Entrega de La Rioja”, presumiblemente para la compra de la nueva sede, y dos anotaciones a nombre de “Mercadona”, en 2004 por 90.000 euros y en 2008 por 150.000 euros.
Los otros tres testigos a los que cita el juez, además de a Roig, son Pilar Pulido (directiva de ADS Brokers y vinculada a una supuesta entrega al PP de 36.000 euros el 20 de febrero de 2008), a Luis Gálvez (de la empresa Ploder-Uiecesa y vinculado a una supuesta entrega el 22 de febrero de 2008 por 50.000 euros) y otra persona identificada como Adolfo S. (vinculado a una presunta entrega el 30 de junio de 2008 por 10.000 euros).
informe de la IGAE
En cuanto a la compra de la sede del PP de La Rioja, Ruz llamó a los responsables regionales en 2008 tras recibir un informe de IGAE (Intervención General de la Administración del Estado).
En ese informe, dice el juez, “deben ponerse en relación, ante la indiciaria congruencia observada” la citada entrada reflejada en los papeles con lo declarado por Bárcenas el 17 de julio, cuando explicó que tal anotación era “un donativo o aportación recibida de La Rioja en la contabilidad de la sede Nacional, refiriendo al mismo tiempo que no conocía quién se encontraba detrás de tal contraprestación o entrega”.
Ruz indica que del informe de la IGAE se desprenden “elementos objetivos que otorgarían coherencia a las manifestaciones” del extesorero “respecto del apunte contable investigado”, lo que “resultaría determinante para la integración de la base imponible por la que eventualmente podría deducirse una ulterior responsabilidad tributaria del Partido Popular”.
