10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La jueza que instruye el presunto fraude en los cursos de formación en Andalucía, Mercedes Alaya, ha imputado al exconsejero Ángel Ojeda por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la jueza se basa en las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa de la Guarida Civil y señala que las empresas del exconsejero, integradas en el grupo Prescal, habrían recibido, en poco más de un año y medio, 33,3 millones de euros en subvenciones excepcionales a la formación y la contratación.
Éstas se hicieron a través de "asociaciones controladas por él", denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura y fueron otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2010, unas subvenciones que "habría obtenido gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos".
Pese a que las subvenciones se otorgaban para acciones formativas y para contratar a antiguos trabajadores de Delphi, "la relación laboral fue simulada" y, según la Inspección de Trabajo, estas asociaciones presentaron justificaciones por haber destinado 17,9 millones de euros a pagar salarios y seguros sociales, indica el auto.
El resto se dedicó a actividades de formación, subcontratando con otras empresas de Ojeda, "cuando dicha subcontratación no estaba autorizada en la resolución de concesión, ni podía realizarse al tratarse de entidades docentes".
La subcontratación se realizaría "con la intención de canalizar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente entre diferentes empresas del grupo a fin de ocultar el verdadero destinatario de los fondos", agrega la jueza.
Alaya considera estos hechos constitutivos de un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, por lo que decide la imputación de Ojeda por estos delitos, "quedando pendiente su toma de declaración hasta que se reciba la documentación solicitada en la causa".
Según adelanta hoy Diario de Sevilla, la jueza está a la espera de recibir la documentación que obra en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, a quien la Fiscalía ya ha pedido que se inhiba en favor de Alaya.
