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viernes | 26 abril | 2024
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmó ayer que la reforma de la ley de seguridad ciudadana incluirá multas de entre tres mil y treinta mil euros a quienes usen capuchas o cascos en actos vandálicos.
El ministro presentó una conferencia del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, en Bilbao, donde fue preguntado por la noticia que publicaba el diario “ABC” en la que se anunciaba que uno de los puntos de la reforma de la ley orgánica de seguridad ciudadana prevé estas sanciones a encapuchados.
Fernández Díaz explicó que la reforma todavía está en fase de borrador y que la intención es aprobar el proyecto de ley en el Consejo de Ministros antes de que termine el actual periodo de sesiones del Congreso.
El ministro recordó que la ley actual data de 1992: “Han pasado veinte años y es evidente que necesita una profunda actualización”.
La reforma que se va a hacer “es para garantizar mejor el derecho de manifestación y para que los violentos no puedan contaminar el libre ejercicio del derecho de reunión y manifestación; es en favor de las libertades y derechos y en contra de los violentos”.
Para ello se van a dar “más instrumentos a la Policía, que es que la que tiene por misión garantizar ese derecho”.
Inmigrantes irregulares > Por otra parte, ayer también se informó de que la Policía Nacional solo podrá trasladar a dependencias policiales a efectos de identificación –retención para identificación– a aquellas personas sin identificar y de las que “razonable y fundadamente” pueda presumirse que están “en disposición actual de cometer un ilícito penal”.
Así consta en una circular publicada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y que prohíbe el establecimiento de cupos de detención de inmigrantes irregulares o las redadas indiscriminadas “basadas únicamente en criterios étnicos”.
La orden especifica que las identificaciones de personas que infundan sospechas se realizarán de forma “proporcionada, respetuosa y del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo”.
Reitera también la prohibición de “actuaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas” o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, resalta la improcedencia de trasladar a dependencias policiales a los ciudadanos extranjeros, cuya estancia irregular en España se constate tras su identificación, “siempre que se haya comprobado su identidad y justifique un domicilio”.
No obstante, autoriza el trasladado a comisaría de aquellas personas sin identificar de las que pueda presumirse que se hallan en disposición actual de cometer un delito o de aquellas que “hayan incurrido en una infracción administrativa”. Asimismo, la “prevención” será el objetivo principal de los dispositivos policiales que se dirigirán a “erradicar las redes de inmigración ilegal y trata de personas”, así como a la expulsión de aquellos extranjeros en situación irregular sujetos a procedimientos penales.
La nueva instrucción, anunciada por la Dirección General de la Policía, recoge las normas ya transmitidas por el comisario general de Extranjería y Fronteras tras las modificaciones legislativas introducidas en la Ley de Extranjería en 2000 y pretende “eliminar cualquier ambigüedad” o interpretación imprecisa.
El texto reconoce que una anterior circular del año 2010, dictada durante el Gobierno socialista, suscitó “cierta confusión” que pudo derivar en “interpretaciones erróneas” de la norma.
Celebración > Los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía más representativos aplaudieron la orden de prohibir los cupos de detención de inmigrantes irregulares o las redadas indiscriminadas “basadas únicamente en criterios étnicos”.
“Es una decisión que viene a darnos la razón sobre algo que el anterior Gobierno había negado: que se perseguía a los inmigrantes impunemente. Una barbaridad contra los derechos civiles y los derechos humanos”, subrayó el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet.
Felicitó a Cosidó por una circular que pone orden y enmienda una “aberración” que se estaba cometiendo en las calles.
No obstante, considera que la orden policial sigue estando “incompleta” porque no protege a los “jóvenes”, un colectivo que, a su juicio, sigue sufriendo identificaciones masivas.
En marzo, el SUP denunció que los agentes se veían obligados a efectuar en Madrid un desmesurado número de detenciones de inmigrantes por estancia ilegal y que solo en cuatro días de febrero hubo 370 arrestados por este motivo.
