11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La representación legal de la infanta Cristina considera que el juez del caso “Nóos”, José Castro, ha hecho “apreciaciones subjetivas” sobre ella que constituyen “un grave atentado a las garantías que debieran presidir el procedimiento y, en particular, el ejercicio del derecho de defensa”. Un argumento recogido en el recurso de apelación contra la negativa del instructor a rebajarle la fianza por responsabilidad civil de 2,7 millones a 587.413 euros.
Los letrados de la duquesa de Palma atribuyen al juez “contradicciones y excesos interpretativos” que les generan “una constante sensación de inseguridad jurídica y, por ende, una grave merma de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”. Los recurrentes, Miquel Roca y Jesús-María Silva, sostienen que cuando la hermana del Rey “ha pretendido ejercitar de forma legítima su derecho de defensa, incomprensiblemente, ha recibido como respuesta” de Castro “toda una serie de reproches (...) y valoraciones subjetivas sobre la pretendida incorrección del planteamiento de su estrategia”.
“En todas y cada una”
Los abogados afirman que el juez contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal al recoger “en todas y cada una de sus resoluciones” sobre la infanta “únicamente las circunstancias adversas, pero no las favorables” y aplicar siempre la doctrina menos propicia para su defensa.
Acusan al instructor de contradecirse al negar en su momento su derecho a recurrir la fianza y reprenderles ahora, erróneamente a su juicio, por no haberla recurrido, y de hacer una “interpretación en contra de reo” al justificar el montante de la fianza en la consideración de que se puede aplicar a la infanta una agravante del delito fiscal de su marido que la acusación contra ella no considera.
Los defensores rebaten que Castro, “de forma más bien acusadora”, niegue “la más mínima probabilidad” de que a la duquesa de Palma, “en el caso hipotético de condena, le fuera de aplicación la atenuante de reparación del daño”, un propósito que, insisten, quedó de manifiesto cuando la imputada consignó 587.413 euros, que es la cantidad que la Fiscalía le atribuye como beneficiara a título lucrativo de los presuntos delitos de su esposo.
“Si la intención no hubiera sido la de reparar, obviamente, doña Cristina Federica de Borbón no se hubiera apresurado a realizar la consignación, y mucho menos en efectivo metálico, tan pronto como tuvo conocimiento de las responsabilidades civiles exigida por las únicas acusaciones legitimadas para el ejercicio de la acción civil”, arguyen.
Roca y Silva lamentan que Castro emplee el “recurso al descrédito” a su conducta procesal y de la infanta, y les acuse de tratar de evitar que doña Cristina compareciera como imputada, algo que, según su argumentación, se contradice con la realidad, ya que la infanta anunció en un comunicado que acudía a declarar “voluntariamente” porque renunciaba a recurrir la citación a principios del año pasado.
“Después de responder de forma extensa y tajante al exhaustivo interrogatorio del instructor, se comprenderá que poco más cabía añadir por parte de doña Cristina de Borbón y Grecia”.
