9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
El Ministerio de Hacienda dirigió un escrito de 23 páginas a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en el que denuncia la utilización de dinero público en el referéndum ilegal de independencia que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Cataluña, y le pide que determine cuánto dinero del erario público emplearon tanto a través del Ejecutivo catalán como de las asociaciones ANC y Ómnium. Además, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro reclama que se identifique a los responsables de la Generalitat catalana y a los de ambas asociaciones independentistas y se fijen las indemnizaciones que procedan.
El escrit está firmado por el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y en el se recogen los más de 14 requerimientos que envió el Ministerio de Hacienda al Gobierno de Carles Puigdemont para exigir información sobre, entre otras cosas, las partidas de dinero público que se podían estar destinando al referéndum del 1 de octubre, como una de 3,43 millones de euros bajo el epígrafe “publicidad, difusión y campañas electorales”.
En el texto se incluyen también las contestaciones de la Generalitat, consideradas incompletas o insatisfactorias por parte de Hacienda, así como los cuatro escritos remitidos por el Ministerio a la Fiscalía General del Estado a lo largo de los meses de septiembre y octubre poniendo estos hechos en su conocimiento.
Entre ellos, el incumplimiento de los requerimientos de información que se habían cursado al Diplocat ante la sospecha de que este organismo de la Generalitat pudiera estar pagando con dinero público a los observadores internacionales.
La carta hace un recorrido de los hechos desde el 9 de noviembre de 2015, cuando el Parlamento de Cataluña aprueba con los votos de Junts pel Sí y la CUP el “inicio de un proceso constituyente no subordinado” como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.
Tras este relato, se exponen las “innumerables” declaraciones públicas de miembros de la Generalitat de Cataluña para “manifestar la existencia de medios materiales y humanos”. Y cita: la presentación pública de las urnas; el número de estas y de colegios; el transporte de las mismas a los colegios teniendo en cuenta que eran 2.315 centros; el empleo de las infraestructuras de éstos –agua, luz, limpieza y gastos de personal–; la campaña institucional así como los medios informáticos empleados en el 1-O.
El secretario de Estado de Hacienda destaca también el papel “principal” llevado a cabo en la “organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal” del referéndum del 1-O por parte de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural y denuncia que pueden haber empleado “fondos públicos”, ya que se nutren de ellos, para realizar actividades “ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales”. Apunta, en este sentido, que ambas asociaciones repartieron un millón de papeletas de votación.
En este punto, recuerda al Fiscal del Tribunal de Cuentas, que la “aparente utilización de recursos públicos” por ANC y Ómnium está siendo objeto de investigación policial y judicial.
Requerimientos
Tras esta exposición, el Ministerio relata las actuaciones que Hacienda llevó a cabo tendentes a conocer el dinero público destinado al 1 de Octubre, con el envío de 14 requerimientos y varias reiteraciones de los mismos a la Generalitat, así como los cuatro escritos remitidos al Fiscal General del Estado dando cuenta de los incumplimientos del Gobierno catalán con sus cuentas.
Por ello, pide a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que realice las actuaciones oportunas para determinar quiénes son los responsables, defina el importe de los daños causados al erario público y determine el importe de las indemnizaciones.
Mientras, la Audiencia Nacional avaló la competencia de la juez Carmen Lamela para investigar por un delito de sedición el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en un registro en la Conselleria de Economía, hechos por los que están en prisión preventiva los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Solo José Ricardo de Prada, uno de los cinco magistrados de la sección segunda de lo Penal que resolvió los recursos de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural contra la competencia de la Audiencia Nacional, ha presentado un voto discrepante con la mayoría, al considerar que la decisión de Lamela de declararse competente responde a una “interpretación sumamente forzada y extensiva de la norma jurídica”. l
