10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, explicó ayer que su Conselleria de Presidencia ya empezó a tramitar la solicitud de Carles Puigdemont para acceder a las prerrogativas como expresidente: “Ya se está poniendo en marcha todo con normalidad”.
Lo dijo en rueda de prensa tras las reuniones que el presidente del Govern, Quim Torra, mantuvo ayer en el Palau de la Generalitat con el presidente de Cecot, Antoni Abad, y el de FemCat, Pau Relat, para abordar los principales retos de la legislatura.
Artadi precisó que las primeras prerrogativas que se pondrán en marcha son las relativas a la seguridad para escoltar al expresidente –a través de los Mossos–: “Es la prioridad ahora mismo”, y aseguró que no debe ser problema que Puigdemont resida actualmente en el extranjero.
Relieve político
La consellera expuso que, cuando se aplicó el artículo 155 y el Estado cesó a todo el Govern, Puigdemont se quedó sin seguridad a su servicio, “un hecho que no debería haberse producido debido a la importancia de su relieve político”.
Es por esto que el Govern ahora busca subsanar lo que considera un grave error, y de todas las prerrogativas que tiene un expresidente por ley, dará “celeridad” en primer lugar a las que tienen que ver con la seguridad.
El Govern reacciona así después de que ayer trascendiese que Puigdemont pidió formalmente a la Generalitat acogerse a la ley catalana del estatuto de los expresidentes, que marca los derechos que tienen al dejar el cargo quienes fueron presidentes de la Generalitat.
Entre estos derechos, figura la apertura de una oficina con personal de apoyo, pero Artadi explicó que aún no está decidido donde estará ubicada, debido a la situación actual del expresidente –está en Alemania a la espera de saber si la justicia lo extradita o no a España–.
Puigdemont reside en el extranjero desde finales de octubre –primero en Bélgica y luego en Alemania–, donde se fue para no tener que comparecer ante el juez del Supremo que investiga el proceso soberanista y que ha dictado cárcel preventiva para varios miembros del Govern cesado.
Artadi defendió que esta situación del expresidente no tiene que ser ningún obstáculo para que acceda a las prerrogativas, y recordó que la ley, que fue aprobada en 2003 después del mandato de Jordi Pujol, es “muy clara” y no hace distinciones entre si
la persona reside dentro o fuera de Cataluña.
Artadi mencionó que hace algunas semanas los populares promovieron en el Parlament una reforma de la norma para evitar que Puigdemont pudiera acogerse a ella, y recordó que la Cámara la rechazó y que “no tuvo apoyos prácticamente”. l
