9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
El Govern presentó ayer una denuncia contra los agentes de la Guardia Civil que han llevado a cabo esta semana los interrogatorios contra varios altos cargos de la Generalitat en relación con los preparativos del referéndum soberanista previsto para el 1 de octubre.
La denuncia fue presentada por la Generalitat por orden del conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, en el juzgado de instrucción de Barcelona en funciones de guardia.
Turull ya anunció el pasado miércoles que denunciarían ante el juez de guardia “la grave vulneración de derechos fundamentales” que, a su juicio, se había perpetrado en la declaración ante la Guardia Civil del secretario general de Presidencia, Joaquim Nin.
La Guardia Civil ha interrogado como testigos a varios altos cargos del Govern en las pesquisas que lleva a cabo como policía judicial en el marco de la investigación ordenada por un juez de Barcelona sobre los preparativos del referéndum unilateral anunciado para el 1-O.
Nin y el director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, que fueron citados inicialmente como testigos, salieron de Comandancia en calidad de investigados policialmente por los presuntos delitos de revelación de secretos, malversación de caudales públicos, desobediencia, prevaricación y sedición.
El director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells; el exportavoz del Pacto Nacional por el Referéndum Joan Ignasi Elena; el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells; el director general de Difusión, Ignasi Genovès, y la jefa de comunicación del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Anna Molas, también han sido interrogados esta semana por la Guardia Civil.
La denuncia, que fue divulgada después por la Generalitat, está dirigida contra los guardias civiles que realizaron los interrogatorios, así como “contra cualquier otra persona que por su relación directa con los hechos que se denuncian hubiera colaborado de forma activa y consciente en la comisión del delito y fuera responsable penal de éste en los términos expresados en los artículos 27, 28 y 29 del Código Penal”.
Orden del Juzgado
En la denuncia se señala que a pesar de que las citaciones y documentos presentados por los agentes de la Guardia Civil durante su actuación “siempre” hacen referencia a que se actuaba en la investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, según una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 27 de julio de 2017 las diligencias son de la policía judicial y no han sido solicitadas por el magistrado de instrucción 13 de Barcelona.
Por ello, subraya la denuncia que “no parece que haya ninguna relación, directa ni indirecta ni similitud de objeto entre las diligencias de investigación policiales y las Diligencias Previas 118/17 que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona”.
Cinco delitos
La Generalitat considera que los interrogatorios podrían ser constitutivos de cinco delitos, el primero de ellos de “obstrucción a la Justicia” porque los agentes, según una nota del departamento de Presidencia, “habrían tratado de influir en la declaración de los testigos acusándoles insistentemente durante el interrogatorio de mentir y de los graves perjuicios que les podría comportar, al tiempo que habrían mantenido una actitud agresiva, contundente y de presión”.
También de un delito de “usurpación de atribuciones”, por considerar que los agentes se habrían “autoatribuido ante los declarantes la condición de comisionados del titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cuando no estaban actuando a solicitud de éste”.
