viernes 27/11/20

Un golpe contra los abogados de ETA destapa un fraude fiscal de 1,3 millones

La Guardia Civil asestó ayer un nuevo golpe al denominado “frente de cárceles” de la banda terrorista ETA, en una operación que diezmó a su colectivo de abogados y minó su financiación, además de haber descubierto un fraude al fisco de 1,3 millones de euros en dos años.

Varios agentes, con el dinero intervenido en el registro de la sede del sindicato LAB	efe
Varios agentes, con el dinero intervenido en el registro de la sede del sindicato LAB efe

La Guardia Civil asestó ayer un nuevo golpe al denominado “frente de cárceles” de la banda terrorista ETA, en una operación que diezmó a su colectivo de abogados y minó su financiación, además de haber descubierto un fraude al fisco de 1,3 millones de euros en dos años.
Tras la operación “Jaque” de enero del año pasado, la Guardia Civil explotó ayer la operación “Mate”, desarrollada en el País Vasco, Navarra y Madrid, con la detención de doce abogados y cuatro tesoreros de Herrira, la organización de apoyo a los presos de ETA que tiene suspendidas sus actividades por decisión judicial. Herrira sufragaba los gastos que generaba la asistencia jurídica a los presos de la banda y los letrados, según descubrió la Guardia Civil, no declaraban al fisco sus ingresos, que los investigadores cifran en 1,3 millones de euros para los años 2012 y 2013.
Menos ocultos estaban los 70.000 euros que en monedas y billetes encontraron los agentes en los registros efectuados en una herriko taberna y en la sede del sindicato LAB en Bilbao.
Responsables de esta última organización insinuaron que el dinero procede de las aportaciones voluntarias para la manifestación que se celebró el pasado sábado en la capital vizcaína contra la política penitenciaria.
Los responsables de la lucha antiterrorista dan prácticamente por desaparecida la estructura utilizada por ETA para mantener a los presos bajo las directrices de la banda.
De hecho, y a través de las llamadas “rondas de control”, los abogados, bien directamente o bien a través de reclusos etarras designados para ellos, se encargaban de trasladar a los presos las instrucciones de ETA y de evitar posibles disidencias internas entre los reclusos.
Se trataba, en suma, de adoctrinarles ideológicamente y de tomar nota de la situación personal y jurídica de cada preso, así como de su grado de compromiso con los postulados de la organización, para informar de todo ello a la dirección de ETA.
Los abogados arrestados son Alfonso Zenón, Amaia Izko, Arantza Aparicio, Ainhoa Baglietto (abogada del etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, en libertad condicional por un cáncer terminal), Onintza Ostolaza, Jaione Karrera, Atxarte Salvador, Haizea Ziluaga, Eukene Jauregui, Kepa Mancisidor, Aiert Larrarte y Ane Ituiño. Los detenidos por formar parte de la tesorería de Herrira son Francisco Javier Balda, Jon Mintegiaga, Javier Carballido y Nagore San Martín.
Tras la operación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que el Estado no cejará en su actividad hasta conseguir la disolución de ETA y para ello será “implacable”.
Mientras, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, acusó al Ejecutivo central de “falta de lealtad institucional” por no haberle informado de la operación y abogó por que el “desenlace final” de la misma “no perturbe” el proceso de paz.
Desde Sortu, su presidente, Hasier Arraiz, dijo que es “el momento” de que el pueblo vasco “dé jaque mate a la Guardia Civil” para que “se vayan de Euskal Herria”.

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