El Gobierno recurrirá la candidatura de Puigdemont sin el aval de Consejo de Estado

El Gobierno mantiene la intención de recurrir hoy ante el Tribunal Constitucional la propuesta de candidatura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat pese a que el Consejo de Estado no haya avalado que se impugne ahora.
El Gobierno había pedido ayer por la mañana al Consejo de Estado que emitiera un informe, que es preceptivo pero no vinculante, sobre la impugnación de la designación como candidato de Puigdemont, propuesta el lunes por el presidente del Parlament, Roger Torrent, que la firmó al día siguiente. Un asunto que incluyó ayer por la tarde el Consejo de Estado en la reunión ordinaria de su comisión permanente.

No hay fundamentos
Fuentes del Consejo de Estado confirmaron que el órgano consultivo no ve fundamentos para impugnar ahora de manera preventiva la candidatura de Puigdemont, cuando todavía no se sabe siquiera si el ex presidente se presentaría en el Parlament para su investidura o no.
Por su parte, fuentes del Gobierno confirmaron la recepción del informe del Consejo de Estado y aseguraron que, en cualquier caso, siguen adelante con el recurso, cuya mera aceptación por parte del Constitucional significaría la suspensión inmediata de la investidura, convocada ya para el 30 de enero.

Respaldos
Y es que, según las fuentes, en el caso de la candidatura de Puigdemont para ser investido, el Consejo de Estado avala los argumentos jurídicos planteados por el Ejecutivo, pero discrepa sobre el momento temporal de hacerlo.
Añaden que el Consejo de Estado sí respalda las tesis del Gobierno en el segundo informe que le había solicitado.
En concreto, dictaminar si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia, si el hecho de que eso lo admitiera la Mesa podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC, y pronunciarse sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional.
Recalcan estas fuentes que, en cualquier caso, los informes del Consejo de Estado son preceptivos, pero no vinculantes.
Se espera que ese informe del Consejo de Estado sea analizado hoy en el Consejo de Ministros, que será el que finalmente decida si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, autoriza a recurrir ante el Constitucional.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue la que anunció la petición del informe al Consejo de Estado como paso previo a la presentación del recurso. “El señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont. Puede proponer a otro”, afirmó la vicepresidenta, que subrayó que el estatus jurídico actual de Puigdemont es “incompatible” con su comparecencia personal en la Cámara ya que tiene una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español.
Sáenz de Santamaría confió en que Torrent, en sus primeros pasos al frente del Parlament, acate la ley, y consideró conveniente “darle ese espacio” para que se muestre o no respetuoso con la legalidad.
En ese sentido, fuentes del Gobierno subrayaron que si el TC suspende la propuesta de investidura de Puigdemont, situará al presidente de la Cámara catalana en la disyuntiva de respetar esa decisión o no.
Si lo hace, estará acatando la legalidad, pero en caso contrario seguiría los pasos de Carme Forcadell al frente de la institución parlamentaria.
Forcadell se encuentra investigada y en libertad provisional bajo fianza en la causa por rebelión que instruye el Tribunal Supremo.
Las fuentes del Gobierno explicaron que ha actuado con su recurso en cuanto hubo algún acto en el que eso fue posible.
Tras el análisis realizado por sus servicios jurídicos, se determinó que esa primera actuación recurrible era la propuesta de Torrent de presentar la candidatura de Puigdemont, sin necesidad de esperar a que hubiera un acuerdo al respecto por parte de la Mesa del Parlament.
Aclaran las fuentes del Ejecutivo que lo que se impugna es la candidatura de Puigdemont y no entra en otras opciones como podría ser que Torrent propusiera al líder de ERC, Oriol Junqueras, para ser investido.
En ese caso se estudiaría esa coyuntura para decidir qué es lo que debe hacer el Gobierno.
A la espera de lo que ocurra en los próximos días, el Gobierno subraya que la responsabilidad de convocar el pleno en el tiempo previsto para ello es de Torrent y que a partir de esa fecha empezarían a correr dos meses para volver a las urnas.