El Gobierno pide al Constitucional que tome acciones penales contra Forcadell

El Gobierno abrió ayer la puerta a la posibilidad de que la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, tenga que hacer frente a responsabilidades penales por tramitar la resolución sobre la “desconexión” de Cataluña que aprobó el Parlament el pasado miércoles, al pedir al Tribunal Constitucional que remita a la Fiscalía las “vulneraciones” que ha cometido de sus resoluciones.
Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, después de la reunión del Consejo de Ministros. Se trata de una de las medidas incluidas dentro del incidente de ejecución de sentencia presentado ante el Constitucional contra la resolución del Parlament, que pide además que sea declarada nula y suspendida de forma inmediata.
A juicio del Gobierno, siguiendo con el informe elaborado por la Abogacía del Estado, Forcadell desobedeció una sentencia del alto tribunal de diciembre de 2015 al incluir en el orden del día del Pleno la votación de la resolución de “desconexión”, que había sido declarada inconstitucional y nula.
Por ello, emplaza al tribunal a “deducir testimonio de particulares” para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder a la presidenta del Parlament, lo que en la práctica supone que el tribunal remita a la Fiscalía el conjunto de actuaciones desarrolladas por Forcadell para que, “en su caso”, se pueda proceder penalmente contra ella. “Se ha vulnerado una decisión judicial y entendemos que tenemos que pedir al Tribunal Constitucional que, a la vista de esa actuación, la remita a la Fiscalía”, explicó la vicepresidenta, que cree que Forcadell pudo “incurrir en delito” al incluir en el orden del día el debate y votación de la resolución de “desconexión”.
Por otra parte, el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado también pide al Tribunal Constitucional que emplace a una serie de responsables públicos catalanes que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de “desconexión” y les avise de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la “observancia” de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales. Este aviso se realiza de nuevo a Forcadell, al resto de miembros de la Mesa del Parlament, al secretario general de la Cámara, al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los demás componentes del Ejecutivo catalán.