El Gobierno dice que la exhumación de Franco puede acabar para Navidad

Varios de los asistentes que acudieron a la vigilia convocada por Movimiento por España en la explanada del Valle de los Caídos | kiko huesca (efe)

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguro que el procedimiento para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco podría estar concluido “para Navidades” y que ayer mismo se enviaron las notificaciones a las partes implicadas.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aseguro que el procedimiento para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco podría estar concluido “para Navidades” y que ayer mismo se enviaron las notificaciones a las partes implicadas. El Consejo de Ministros incoó el expediente con el que se inicia el procedimiento para la exhumación, reflejado en el decreto ley que aprobó el pasado viernes y que reformará la Ley de la Memoria Histórica.
Esto supone que, en primer lugar, se notifique a la familia y los interesados que se va a proceder a la exhumación, para que puedan presentar alegaciones. Para ello, dispondrán de quince días a partir de que los afectados, entre los que están los seis nietos de Franco, se den por notificados.
En la ruede prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Celáa, indicó que el burofax que la familia Franco envió al Gobierno, en el que advierte de que cometerá prevaricación si se desentierran los restos del dictador sin su consentimiento, no impedirá que se realice la exhumación. “Las amenazas no van a cambiar nada la determinación del Gobierno”, afirmó Celaá, porque ya se ha tardado “bastante” y la postura expresada por los familiares “no cambia nada”. “No puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático para un dictador”, agregó.
En cuanto a la conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, precisó que esa es la intención del Gobierno, lo que “puede ser contrastado” con el resto de fuerzas parlamentarias, ya que el decreto, una vez convalidado en el Parlamento, “va a ser tramitado como proyecto de ley” y los grupos podrán interponer enmiendas. 
El Gobierno necesita el respaldo de la mayoría de la Cámara para sacar adelante su propuesta y el PP y Cs ya han expresado sus dudas sobre la conveniencia de poner este asunto en la agenda política, por lo que deberá pactar con el resto de los grupos.
El trámite técnico aprobado ayer por el Ejecutivo pone en marcha un procedimiento que se inicia con la notificación a todos los interesados. Desde el Gobierno se mantiene que para finales de año, “para Navidades”, puede estar terminado el procedimiento para el que el Ejecutivo ha nombrado un instructor: será la subsecretaria de Justicia, puesto que actualmente ocupa Cristina Latorre Sancho.
El Movimiento por España había convocado para ayer por la tarde una vigilia en la explanada del Valle de los Caídos en protesta contra la decisión del Gobierno de dar luz verde a la exhumación, pero la Abadía no la autorizó, ya que el lugar “sagrado” está reservado a la “oración, el culto y el recogimiento”. Preguntada la ministra portavoz por esta cuestión, antes de conocerse que no estaba autorizada, señaló que si se exhibían símbolos anticonstitucionales o hubiera incumplimiento de la ley, las Fuerzas de Seguridad del Estad intervendrán.

Nuevas peticiones
La reforma de la ley también saltó a las redes sociales y hay varias peticiones en marcha para su paralización, aunque también hay quien prefiere que afecte a otros generales implicados en la Guerra Civil. Así, el grupo parlamentario de Podemos en Castilla-La Mancha va a registrar el lunes una proposición no de ley para instar al Gobierno central a que retire los restos de José Moscardó y Jaime Milans del Bosch del Alcázar de Toledo, que acoge el Museo del Ejército y la Biblioteca de Castilla-La Mancha.
Su secretario general, José García Molina, calificó de “vergüenza democrática” para el país que “estos traidores, declarados enemigos de la democracia y de las libertades”, estén enterrados en el Alcázar y puedan ser “objeto de culto y exaltación”. García Molina apeló a la Ley de Memoria Histórica, que sancionó en su momento que era “un deber inaplazable” de la democracia cuidar a las personas que habían sufrido agravios durante la Guerra Civil y la dictadura. l