9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que el Gobierno acata las decisiones judiciales, por lo que "cumplirá y ejecutará" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en contra del "céntimo sanitario" en los "términos que los propios tribunales señalen".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha recordado que este asunto se plantea por una cuestión prejudicial en un pleito pendiente ante un Tribunal Superior de Justicia, el de Cataluña.
Éste, ha continuado, ahora recibirá la sentencia del tribunal europeo que tendrá que analizar, para ver cómo da cumplimiento en su fallo a la propia resolución de la cuestión prejudicial planteada.
El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña, que pidió que le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal.
El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.
Por ello, ha continuado la vicepresidenta, estarán "muy pendientes" de cómo procede trasladar al caso concreto las decisiones de Bruselas.
Sáenz de Santamaría ha informado de cómo se desarrolló este impuesto y ha indicado que, con ocasión de la reforma del sistema de financiación autonómica de 2001, la Secretaría de Estado de Hacienda encargó un informe a un grupo de trabajo.
Además, consultó a los servicios de la Comisión Europea la posibilidad de ceder a las autonomías competencias para incrementar los tipos de gravamen y, con ello, la recaudación tributaria de los impuestos indirectos que gravan los hidrocarburos.
El informe, ha continuado, planteaba dos alternativas: cesión de competencias para incrementar los tipos de gravamen en el impuesto armonizado sobre los hidrocarburos o la creación de un impuesto no armonizado sobre éstos, en el que se otorgarían a las comunidades la competencia.
Sáenz de Santamaría ha agregado que los servicios de la Comisión mantuvieron que el acervo comunitario pedía ceder a las autonomías las competencias para fijar el tipo de los impuestos especiales armonizados, en particular el que grava los hidrocarburos.
Basándose en esa contestación, ha proseguido, se descartaron adoptar las medidas que la Comisión "claramente" había considerado contrarias al Derecho comunitario.
