viernes 27/11/20

El Gobierno deja el toque de queda en manos de las comunidades a partir del 9 de noviembre

La oposición presiona para acortar el estado de alarma, que se debate mañana, y tener más control
Un calle de Santander totalmente vacía ante el toque de queda | Juan Manuel Serrano
Un calle de Santander totalmente vacía ante el toque de queda | Juan Manuel Serrano

El Consejo de Ministros solicitó ayer al Congreso de los Diputados a través de un decreto la prórroga por espacio de seis meses del estado de alarma, en el que suprimió los artículos relativos a la restricción de la movilidad nocturna para que lo decida cada comunidad autónoma.

Así lo afirmó ayer la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que concretó que se trata de los artículos 9 y 10 del decreto del estado de alarma, que contemplaba esta restricción entre las 23.00 y las 6.00 horas.

En el decreto de estado de alarma del domingo, el Gobierno imponía la obligatoriedad a todas las comunidades, salvo Canarias, de establecer estas restricciones a la movilidad, dándoles margen de mover la franja en una hora.

Esta medida es obligatoria durante los quince días que dura el decreto del domingo, con lo que a partir del próximo 9 de noviembre serán los presidentes autonómicos los que decidan esta medida.

Así, quedará a criterio de cada “autoridad competente delegada”, es decir, de los presidentes autonómicos, cuáles son las limitaciones de movilidad que se tienen que establecer en sus territorios.

Lo que pretende el Gobierno, dijo Montero, es “dar un amparo constitucional” a las medidas que van a ir aplicando las autonomías, “siempre en función de datos epidemiológicos”, y superar la segunda ola de la pandemia.

La portavoz del Gobierno reconoció el cansancio de la ciudadanía, pero consideró  “imprescindible” que cumpla con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. 

Piden acortar la alarma
Ningún grupo de la oposición al Gobierno, incluidos los habituales aliados parlamentarios, acepta el estado de alarma tal y como está planteado y, por ello, pedirán hasta mañanados cambios: que se acorte el plazo de seis meses dado inicialmente y que el Congreso pueda ejercer un mayor control de las medidas.

Por el momento, excepto el PSOE y Podemos, ningún otro partido avanzó que vaya a votar a favor de la prórroga, por lo que su autorización está en el aire.

Por su parte, la Junta de Portavoces acordó que tanto el estado de alarma como su duración de seis meses se debata y se autorice el próximo jueves a partir de las 9.00 horas. 

Así, no será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que exponga las razones, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El PP y Vox denunciaron que el jefe del Ejecutivo no comparezca para explicar las condiciones de un estado de alarma que delega en las comunidades autónomas el alcance de las medidas a partir del 9 de noviembre.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, criticó la ausencia de Sánchez, y destacó qué su partido no acepta algunas de las características del nuevo estado de alarma.

Seis meses de prórroga no se ajusta al criterio de proporcionalidad que establece la Constitución para esta figura aplicable en casos de emergencia sanitarias tales como una pandemia.

También esquiva el control parlamentario, ya que al ser sólo una petición de prórroga, sólo habría una negociación, a no ser que los seis meses no sean suficientes y el Gobierno se vea obligado a alargar el plazo.

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, adelantó que está preparando junto con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, una resolución que obligue al Gobierno a rendir cuentas con una periodicidad concreta.

A ninguno de estos partidos convence que la comparecencia del Ejecutivo sea cada 15 días, por lo que lo que quiere es que el Gobierno rinda cuentas con frecuencia, aunque sin necesidad de votación de las prórrogas.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no está tanto en contra de los seis meses como que durante ese tiempo nadie del Ejecutivo explique la evolución de la pandemia. No basta con que Illa vaya cada 15 días a la comisión correspondiente a transmitir esta información, sino que debe asentarse un mecanismo de control más riguroso. 

Es lo que negociarán con el grupo socialista y con el de Unidas Podemos, al igual que hará EH Bildu, cuya posición sobre el estado de alarma es favorable, pero siempre y cuando al Congreso se le permita controlar las medidas que apliquen.

JxCat, tal y como recalcó su portavoz, Laura Borrás, tampoco defiende la ausencia de rendición de cuentas al Congreso.

Cs ya dejó claro que no le gusta el estado de alarma aprobado el pasado domingo, por lo que al día siguiente iniciaron contactos con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para concretar en qué ámbito puede haber cambios: en la duración, en la periodicidad del control parlamentario o en ambos.

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