El Gobierno andaluz se pregunta de dónde saca tiempo Alaya para leer todo lo que pide sobre los ERE

El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, dijo ayer sobre un auto de la juez Mercedes Alaya en el que pide documentación sobre las empresas públicas de la Junta, que lo que le preocupa es “que tendrá que leérsela y a ver de dónde saca tiempo”.
A preguntas de los periodistas sobre el auto de la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pidiendo información sobre las empresas públicas andaluzas para compararla con la de la agencia Idea, el consejero añadió que esa inquietud suya ante la nueva demanda de Alaya la expresa más “como profesional” que como miembro del Gobierno andaluz.
Y a la pregunta de si ha leído el auto de Mercedes Alaya, el consejero contestó: “No lo he leído ni pienso leerlo”.
Alaya ha pedido a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y a la Intervención General andaluza toda la información relativa a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007.
En un auto con fecha de 23 de diciembre, la juez requiere a la Administración andaluza los informes adicionales “con su correspondiente notificación” que se hubiesen realizado en las entidades públicas andaluzas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa u otras empresas públicas.  La magistrada pretende determinar, según el auto, el “paralelismo entre lo acontecido” entre la agencia Idea “con lo ocurrido en estas otras empresas públicas”.
En el auto señala que es “especialmente importante para la instrucción” de la causa de los ERE fraudulentos “conocer las directrices anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de fiscalización permanente de las empresas de la Junta de Andalucía, entre ellas Idea”. Por todo ello, la juez acuerda requerir a la Consejería andaluza de Hacienda para que le remitan los expedientes “íntegros” “tal y como fueron remitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía de las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas” de la Junta en 2005, 2006 y 2007. Estos expedientes, según Alaya, deberán tener un primer anexo con los datos económicos de las empresas y otro con la memoria de los trabajos de auditoría realizados en los ejercicios anteriores en ejecución de los acuerdos de gobierno procedentes. También un tercer anexo con las modificaciones introducidas a los acuerdos anteriores.