La Generalitat impulsará el proceso constituyente pese a la suspensión

La portavoz del Govern, Neus Munté, afirmó ayer que la Generalitat seguirá aplicando la hoja de ruta soberanista, pese a la suspensión dictada el lunes por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la decisión del Parlament de dar luz verde a un proceso constituyente que derive en la independencia de Cataluña.
“Estamos trabajando en la línea de la hoja de ruta, una hoja de ruta plenamente democrática, y cumplimos con las resoluciones y mandatos del Parlament del tipo que sean”, expuso en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
“Acataremos el mandato democrático del 27 de septiembre –las últimas elecciones autonómicas–”, manifestó Munté menos de una hora después de que varios representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hayan entregado a todos los miembros del Govern una notificación con la decisión del TC de este lunes.
Estos representantes entregaron un documento para cada conseller y para el presidente y lo han tenido que firmar conforme lo habían recibido, y Munté explicó que algunos miembros del Govern tenían “cierta experiencia” con el procedimiento, ya que el Alto Tribunal ya les notificó la suspensión de la resolución soberanista del 9 de noviembre de 2015.
“Nos damos por enterados”, sentenció Munté sobre las notificaciones, que llegaron al Palau de la Generalitat aprovechando la tradicional reunión de los martes del Consell Executiu, por lo que así todos los consellers se encontraban en la sede.
La portavoz evitó emplear conceptos como el de desobediencia o desacato al Alto Tribunal, pero si insistió en que la Generalitat cumplirá con todos los mandatos que se aprueben en el Parlament al margen de lo que diga el TC: “La obediencia del Govern es al mandato del 27 de septiembre”.
Munté también consideró que el Gobierno central hubiera querido que el TC hubiera ido “más lejos de lo que finalmente ha ido”, ya que ha suspendido la decisión del Parlament, pero no tomó decisiones directas sobre responsables de la votación como la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.
La portavoz acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de perseguir a representantes políticos que defendieron el proceso soberanista catalán, pero aseguró que sería “inimaginable” que se buscara la inhabilitación de Forcadell.
La portavoz expuso durante su intervención que el Tribunal Constitucional debería actuar como arbitro en los conflictos entre Generalitat y el Estado en cuanto a la constitucionalidad de las leyes y “no en ningún caso como tribunal ejecutor”. Acusó también al Estado de “entender la Constitución Española como un código penal”.