Garzón justifica las escuchas en que los abogados evadían fondos de la red Gurtel

Garzón justifica las escuchas en que los abogados evadían fondos de la red Gurtel
nac221, madrid, 17/01/2012.- el juez baltasar garzón, durante su declaración esta tarde ante el tribunal supremo (ts) en el juicio que ha comenzado hoy por la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los im

El juez Baltasar Garzón defendió ayer ante el Tribunal Supremo (TS) la legalidad de la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los imputados del caso “Gurtel” y sus abogados porque estos últimos eran, dijo, la “parte nuclear” de la mecánica de evasión de capitales de la trama.
Este fue el argumento que Garzón reiteró una y otra vez durante su declaración en el juicio que ha comenzó ayer en el Supremo, en el que el juez se enfrenta a una petición de las acusaciones de hasta 17 años de inhabilitación.
Durante dos horas y media, el magistrado repitió a las acusaciones, la Fiscalía y su defensa que las escuchas “no eran un cheque en blanco”, sino la única vía para evitar que los cabecillas de la trama en prisión, Francisco Correa y Pablo Crespo, siguieran blanqueando fondos en paraísos fiscales a través de sus abogados.
“Era evidente que la actividad delictiva se seguía produciendo y que las instrucciones continuaban siendo dadas por los responsables” de la red, dijo Garzón, que recordó que gracias a esas grabaciones se frustró también la intención de Correa de obtener la nacionalidad en Argentina o Panamá, lo que hubiera supuesto que se sustrajera a la acción de la Justicia.

Derecho > Además, defendió que la intervención de las conversaciones se hizo siempre salvaguardando el derecho de defensa y con el apoyo de la Fiscalía, y que en ningún momento ordenó grabar a los letrados, sino a los internos imputados por delitos de blanqueo de capitales, falsedad, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. “Me interesa muy poco su estrategia de defensa”, señaló el juez, tras explicar que ordenó las escuchas –tras una petición verbal de la Policía Judicial, a la que el Ministerio Fiscal en ningún momento se opuso– en un auto el 19 de febrero de 2009, que prorrogó el 20 de marzo, solo once días antes de inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.
Prueba de que “se adoptaron todas y cada una de las medidas para que el derecho de defensa quedara prevenido”, afirmó el juez, es que “no hay ni una sola diligencia que se haya visto afectada o influida” por las conversaciones interceptadas.
Así le ha respondido a Ignacio Peláez, autor de la querella inicial que dio lugar a la apertura de este juicio, y que representa a uno de los imputados en el caso “Gurtel”, el empresario José Luis Ulibarri, a quien también se grabó cuando visitó en la cárcel de Soto del Real a Correa y Crespo.
Garzón recordó al letrado que cuando fueron intervenidas sus conversaciones con estos detenidos no constaba que él los representara de ninguna manera.
Preguntado por la razón por la que ordenó grabar las comunicaciones si no se trataba de un delito de terrorismo, Garzón recordó que el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria respalda las interceptaciones por orden de la autoridad judicial y no exclusivamente en los supuestos de terrorismo.
Por último, y contestando a su abogado defensor, Garzón hizo hincapié en que el elemento fundamental que desencadena la intervención de las comunicaciones era el riesgo de que Correa huyera de España.
La sala del Supremo que juzga a Garzón admitió algunas de las pruebas que este había solicitado.
Así, la sala citará a declarar hoy a un funcionario del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Vicente Maroto, como pedía Garzón.
El tribunal también permitirá que se escuchen “a puerta cerrada” las grabaciones entre los imputados del caso y sus abogados que se consideren procedentes.
La sala rechazó en cambio la recusación de los magistrados Manuel Marchena y Luciano Varela por ser una cuestión ya resuelta y optó por no entrar en la reclamación de Baltasar Garzón de poder recurrir ante la Sala del 61 del Supremo una hipotética condena.

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