9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
El juez Baltasar Garzón rechazó \“frontalmente\” la condena a once años de inhabilitación que le ha impuesto el Tribunal Supremo (TS) por ordenar las escuchas del caso \“Gurtel\” y anunció que recurrirá la sentencia que, a su juicio, \“elimina toda posibilidad de investigar la corrupción\”.
Garzón aseguró que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que \“elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España\”.
Garzón denunció que la sentencia no se ajusta a derecho, que le condena de forma injusta y predeterminada y subraya que a lo largo de toda su carrera ha cumplido siempre con rigor las normas y ha defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
\“He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho siempre con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía\”, aseguró.
Ajustado a la ley > A esto añade que su actuación en el caso \“Gurtel\” se ajustó a la ley y que tomó todas las medidas legales para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de contundentes indicios y para evitar \“la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como habían hecho antes, a los abogados\”.
Recurrirá el fallo que, a su juicio, elimina toda posibilidad de investigar la corrupción
Tras denunciar que se le ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y que el Supremo ha prescindido de la implicación y participación de los abogados en la trama \“Gurtel\”, Garzón anunció que acudirá a las vías legales que correspondan \“para combatir\” la sentencia y que ejercerá todas las acciones pertinentes \“para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores\” de la misma han cometido.
Según el juez, a lo largo del procedimiento, se han violentado sus derechos sistemáticamente, sus peticiones de defensa han sido desatendidas y el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado solo contra él \“para poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses\”.
Asimismo, calificó como una aberración que la resolución para justificar la condena explique que el hecho de que el magistrado, en el auto en el que ordenó intervenir las comunicaciones de los imputados en el caso \“Gurtel\” en prisión y sus abogados, incluyera una cláusula para hacer prevalecer el derecho de defensa revela que sabía que su resolución afectaba a ese derecho.
\“La sentencia no dice en ningún momento cuál es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice, sencillamente, porque no existe. Lo inventa\”, resaltó.
Además, insistió en que la resolución falta a la verdad cuando dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho: \“Personalmente me cuidé de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal\”, concluyó.
Garzón acudió personalmente al Supremo para que le fuera notificada la sentencia, que fue aprobada por unanimidad por los siete magistrados que le juzgaron por las escuchas, y que también le condena a pagar una multa de 2.500 euros, además de suponer la \“perdida definitiva\” de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El TS sostiene que Garzón, al ordenar la grabación de las conversaciones que el cabecilla de la trama \“Gurtel\”, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, mantuvieron con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión \“sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable\”.
\“La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia\”, afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió \“prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado\”. En opinión del tribunal, \“nada impedía\” a Garzón realizar otras actuaciones, como vigilar las actividades que continuaran ejecutando los internos para identificar a los responsables del delito y tomar medidas respecto a estos.
La sentencia está firmada por los magistrados Joaquín Giménez, que presidió el tribunal durante el juicio, Andrés Martínez-Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.
