10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera a fin de que adopte seis medidas para que las comunidades autónomas combatan más eficazmente la crisis del Coronavirus.
En una proposición no de ley, los populares quieren que ese órgano debata entre otras medidas "la creación y reparto de un fondo no reembolsable adicional a los recursos procedentes del Sistema de Financiación Autonómica para combatir la pandemia, así como suspensión de la liquidación del año 2020 del Sistema de Financiación Autonómica".
También plantea que se discutan "mecanismos para agilizar el reparto a nivel autonómico de los recursos procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad, del Fondo de Solidaridad de la UE y de la financiación adicional del Banco Europeo de Inversiones, entre otras partidas, a la vez que se garantice un incremento de la asignación que actualmente gestiona cada una de las autonomías".
En tercer lugar, el PP reclama "la flexibilización de las reglas de estabilidad presupuestaria para excluir del cómputo de déficit y deuda todos los gastos asociados a la lucha contra la COVID-19, autorizando, además, el endeudamiento necesario para hacer frente a dichos compromisos".
También pide "extender las medidas tributarias adoptadas por las administraciones territoriales a la Administración General del Estado, para mejorar la liquidez tanto de los ciudadanos como de las empresas y autónomos", así como "desarrollar una coordinación efectiva entre la administración estatal y la autonómica de las políticas financieras, presupuestarias y tributarias que contribuyan a acelerar la Agenda 2030 de la UE y utilizar el Pacto Verde Europeo como una palanca de inversión para el crecimiento económico y el empleo".
En último lugar, reclama "abonar las cantidades pendientes a las Comunidades tanto por la no devolución de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 como por la anulación del reparto de fondos destinados a políticas activas de empleo, acordada de forma unilateral por parte del Gobierno y cuya adopción lastra las cuentas autonómicas".
"El Gobierno debe garantizar", añade esta sexta medida, "que no destinará nuevamente recursos que corresponden a las Comunidades a cubrir gastos de la Administración Central".
A este respecto, el Grupo Popular advierte de que "el adelanto de los 2.800 millones de euros en concepto de los pagos a cuenta de las Comunidades Autónomas, en vez de devolver los 2.500 millones de euros del IVA pendientes por la implantación del Suministro Inmediato de Información en diciembre de 2017, provocará un grave problema de liquidez en dos años".
"La previsible caída de ingresos tributarios por la crisis económica en 2020 hará que el ajuste entre la recaudación real y las entregas a cuenta sea muy negativo, y obligará a las CCAA a devolver incluso un importe mayor que esos 2.800 millones", avisa.
