La Fiscalía ultima una querella por supuestos delitos durante el 9-N

La Fiscalía Superior de Cataluña, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ultima una querella que podría ser presentada en breve ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los hechos supuestamente delictivos que habrían tenido lugar durante la jornada del 9-N.
Fuentes jurídicas informaron de que como consecuencia del desarrollo de las diligencias de investigación llevadas a cabo el domingo y de las distintas denuncias presentadas en los juzgados de guardia, “las bases de la querella son jurídicamente muy sólidas”.
La Fiscalía abrió el sábado diligencias para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta alternativa era constitutiva de delito.
En el marco de esas investigaciones, la Fiscalía pidió a la Generalitat que aclarase si ordenó ceder escuelas para el 9-N y a los Mossos d’Esquadra que identificasen a los responsables de la apertura de locales públicos usados como puntos de votación.
También solicitó a la Guardia Civil apoyo para localizar al responsable de la empresa Unipost, que había distribuido la propaganda relacionada con el 9-N.
Al término de la jornada de la votación, la Fiscalía continuaba recabando datos a la luz de las diferentes denuncias presentadas para estudiar si concurren responsabilidades penales y, en su caso, ejercer las oportunas acciones legales oportunas.
Los Mossos d’Esquadra remitieron un escrito a la Fiscalía Superior de Cataluña en el que la Generalitat se responsabiliza de la apertura de locales públicos durante la jornada del 9-N, sin facilitar la identidad de las personas que lo autorizaron.
En su respuesta al requerimiento de la Fiscalía para identificar a los responsables de locales públicos abiertos para el 9-N, los Mossos se remiten a un escrito de la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, en el que esta sostiene que no está “en condiciones” de facilitar esas identidades, ya que “se ignoran las condiciones concretas en las que se puede haber accedido a cada una de las dependencias”.
Por otro lado, Convergencia Democrática (CDC) y Esquerra Republicana (ERC) piensan ya en la posibilidad de elecciones tras la consulta soberanista del domingo mientras crecen las voces que piden al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que abra espacios de diálogo, como hizo ayer el PSOE.
La presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, abogó ayer por “pasar página” tras el 9-N, en el que participaron “sólo un tercio de los catalanes”, aunque recordó al presidente catalán, Artur Mas, que la ley tiene sus “garantías y consecuencias” si no se acata.
La mayoría de los partidos catalanes reunieron ayer a sus direcciones para analizar los resultados del 9-N y el camino a seguir tras las advertencias del Ejecutivo, que tuvieron también respuesta de los nacionalistas.
De este modo, el coordinador general de CDC, Josep Rull, avisó de que la negociación con el Gobierno central debe ir “muy rápido” y no se puede eternizar en el tiempo, aunque no tiene mucha confianza en que ese diálogo se materialice. ERC, por su parte, fue también contundente en sus conclusiones. Su secretaria general, Marta Rovira, cree que el proceso participativo fue “un acto de soberanía” que obliga a partidos e instituciones a “estar a la altura” y a convocar unas elecciones anticipadas para formar un Parlament y un Govern constituyentes.
Mientras, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, exigió a Rajoy, que “abandone los tribunales” y “abra un espacio para el diálogo, la negociación y la resolución política del conflicto político” de Cataluña, y sostuvo que la “salida” es la reforma constitucional que propugna el PSOE.