11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ante la Sala de Apelaciones la sentencia que condena a ocho jóvenes de Alsasua por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016, al entender que los hechos deben ser calificados como terrorismo, informaron
fuentes jurídicas.
El Ministerio Público pedía para los ocho acusados penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas, pero finalmente la Sección Primera de la Sala de lo Penal les condenó a entre 2 y 13 años por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
Aunque los magistrados impusieron las penas más altas contempladas para los citados delitos, no creen que deban ser penados por terroristas porque que “no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA”.
El tribunal está de acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares con que la agresión de Alsasua no fue una mera pelea de bar, pero no estima que los condenados “tuvieran la clara intención y finalidad de llevar a cabo alguno de los postulados que tuviera la banda terrorista ETA ni que hubieran asumido en aquella época tales postulados”.
“Por lo tanto, no resulta probado que tuvieran intención subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o provocar el terror en la gente en la localidad de Alsasua”, explica la Sala en su sentencia.
Sin embargo, la opinión del fiscal José Perals es bien distinta. A su juicio, “se trató de un ataque premeditado y con una finalidad clara, demostrar que quien manda en Alsasua es el “pensamiento único” y excluyente de determinadas personas que tienen secuestrada y atemorizada a parte de una población que no piensa como ellos”.
El fiscal sostiene que lo que ocurrió en Alsasua “no fue una pelea de bar ni una trifulca. Fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista. Con la finalidad de expulsar a los miembros de la Guardia Civil de un territorio que los acusados consideran suyo de una manera excluyente, atemorizando además a una parte de la población”.
