La Fiscalía se querellará contra Artur Mas y Joana Ortega por el 9-N

La Fiscalía se querellará contra Artur Mas y Joana Ortega por el 9-N
GRA220. BARCELONA, 11/11/2014.- El presidente catalán, Artur Mas, en la rueda de prensa tras la reunión del Govern, en la que ha afirmado hoy que el "objetivo" no es un adelanto de las elecciones en Cataluña, sino "cómo hacemos

La Fiscalía Superior de Cataluña se querellará contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9-N en Cataluña.
La querella se presentará probablemente hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dada la condición de aforados de los denunciados, a los que el ministerio público podría atribuir los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
La Fiscalía de Cataluña estuvo ayer trabajando en el borrador de la querella que les remitió la Fiscalía General del Estado, en el también aparece como denunciada la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
El escrito que ultima la Fiscalía podría acusar también a los titulares de las consellerías vinculadas con la confección de las papeletas del 9-N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no irá contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo.
Según el borrador que le ha transmitido la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Superior de Cataluña baraja en la querella varios delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Gobierno catalán en la organización de la consulta del 9-N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
Entre esos delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consellers implicados figura el de malversación de caudales públicos, dados los gastos que ha supuesto para la Generalitat la celebración del proceso participativo y sus preparativos.
El ministerio público cree que los miembros del Gobierno catalán contra los que se dirige la querella podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer que el ministerio público se pronunciará “sin ninguna precipitación” sobre el 9-N y añadió que “los tiempos de la Fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos ni mediáticos”.
El Tribunal deberá decidir también si asume en la misma investigación las denuncias presentadas por formaciones políticas y particulares que se están investigando en juzgados de toda Cataluña por el 9-N.
Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, propuso a Mariano Rajoy entablar un “diálogo permanente” para acordar una “consulta definitiva” que, si no hay acuerdo, se haría a través de unas plebiscitarias, aunque enfrió la posibilidad de un avance electoral inmediato.
“Esto no lo resolveremos a través de tribunales, eso no nos intimidará, si es lo que se busca. Seguiremos adelante, estamos aún más legitimados desde un punto de vista democrático”, dijo Mas, que explicó que ha enviado una carta a Rajoy tras el 9-N en estos términos.
En la misiva, Mas además le dice al presidente del Gobierno que la situación actual requiere “más política y menos tribunales”, pero avisó de que no paralizará su hoja de ruta soberanista, orientada a lograr una “consulta definitiva” si no hay respuesta desde la Moncloa.
“Si tiramos para adelante es porque no hay voluntad política en el otro lado (Estado); si no, lo haríamos de forma acordada”, añadió Mas, quien dijo no obstante que “esto no quita que si alguien al final se da cuenta en España de que es mejor hacerlo de forma acordada, a la británica o canadiense, nos apuntamos”.
Sin fijar plazos para la respuesta desde la Moncloa, Mas apuntó que no descarta las elecciones de tipo plebiscitario, aunque es algo que se debe ver como un “instrumento” para consultar a los catalanes y no como un “objetivo” del proceso soberanista.
El presidente de la Generalitat evitó poner fecha a estos eventuales comicios y explicó que se da un margen de unos 15 días para completar su reflexión sobre los pasos a seguir.

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