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sábado | 20 abril | 2024
La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez del caso Púnica que impute a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP.
Anticorrupción presentó un informe al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que pide que se cite a las dos como investigadas por delitos relacionados con la corrupción, además a la empresa Indra y a su expresidente Javier Monzón. De aceptarlo el juez, pasarían a engrosar la lista de investigados en la pieza 9 del caso, sobre el posible “desvío de fondos” para financiar de manera irregular campañas electorales como la de 2011, en la que Aguirre se presentaba como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
En el caso de Aguirre, se sospecha que pudo haber ordenado o consentido la financiación irregular del partido con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra, entre otros mecanismos.
Su petición se basa, entre otras cosas, en el último informe de la UCO de la Guardia Civil que concluye que Indra financió con 566.497 euros la campaña de 2011 de Aguirre a través de pagos camuflados y la sitúa en reuniones donde se pudo hablar del tema.
En el caso de Cifuentes, se sospecha de su papel en la financiación irregular porque participó en mesas de contratación supuestamente amañadas y por su calidad de patrona de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), a través de la que se sospecha que se desvió dinero.
La Guardia Civil sugirió en 2017 en un informe que se la investigara por posibles delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación, a favor de Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández, que a su vez había donado al PP 160.000 euros a través de Fundescam. Además de pedir estas imputaciones, Anticorrupción reclama al juez una reorganización de piezas del caso para pasar de 16 a 11, según explica el ministerio público en un comunicado en el que no da cuenta de estas peticiones.
Anticorrupción pretende con esta reorganización “simplificar e impulsar el procedimiento facilitando las aperturas de juicio oral por los hechos acreditados, que demandan tiempos distintos”.
