10º-19º
jueves | 18 abril | 2024
La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares en el caso “Nóos”, en la que pide incrementar la pena a Iñaki Urdangarin a una condena que oscila entre los 10 y los 14 años y medio de prisión.
La Audiencia de Palma le condenó a 6 años y 3 meses, pero la Fiscalía solicita un agravamiento de la pena en un complejo recurso de 105 folios presentado ayer por la fiscal María Ángeles Garrido, que también pide aumentar la condena al exsocio de Urdangarin, Diego Torres y al expresidente balear Jaume Matas y condenar a cuatro de los absueltos de la rama valenciana del caso.
Doble interpretación
En cuanto a Urdangarin, el recurso se presta a una doble interpretación. La primera supone una petición de 14 años y medio y la segunda la limitaría a 10 años de prisión, sin que desde la Fiscalía General del Estado se haya hecho una aclaración.
La fiscal cree que a Urdangarin se le debe condenar no solo por la malversación de caudales públicos del Fórum Illes Balears de 2006, sino también por la cometida en el de 2005.
A su juicio, en esas dos ediciones los acusados se concertaron “prescindiendo absolutamente del procedimiento, prevaricando, para permitir la salida contraria a la ley de fondos públicos por importe de más de dos millones”.
Desproporción
Para la fiscal, hay una desproporción “flagrante” cuando por dos millones de euros “se ofrece como contraprestación la celebración de un seminario durante dos o cuatro días sobre turismo y deporte”. “Si a ello se une que no se requiere justificación alguna, el desfalco está servido”, añade.
La contratación de Nóos, insiste la fiscal, “solo obedeció a la identidad de don Ignacio Urdangarin y exclusivamente en relación con su condición del yerno del entonces rey de España”.
Según la primera interpretación de las peticiones de pena, por el foro de 2006 se pide una condena para Urdangarin de 4 años y medio, cuando la Audiencia de Palma le sentenció a 2 años y 8 meses. Y por la organización del Fórum de 2005, que no fue castigada por el tribunal balear, solicita que se le condene a 5 años.
Pero la segunda interpretación englobaría esas dos peticiones en una sola, por un delito de malversación continuada, castigada con 5 años de prisión, de modo que la petición total para el marido de la infanta Cristina sería de 10 años.
En cualquier caso, no alcanza a los 19 años y medio que solicitó para él durante el juicio el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
Respecto al resto de los delitos, la fiscal cree que el delito de fraude a la administración por el que se le condenó a siete meses de cárcel debe ser castigado con dos años de prisión.
Y acepta la condena a un año de prisión por un delito de tráfico de influencias (aunque pide una multa adicional) y de otro año por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que fue condenado.
También propone la fiscal agravar las penas del resto de los acusados de la trama balear: el entonces director general de Deportes, José Luis “Pepote” Ballester; el entonces gerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía y el asesor jurídico de la entidad, Miguel Ángel Bonet.
Asimismo, la representante del Ministerio Público discrepa de la sentencia en lo que refiere a la rama valenciana del caso, que tuvo cinco acusados, todos
ellos absueltos. l
