10º-19º
jueves | 18 abril | 2024
La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó un informe en el que pide a la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer que dicte auto de sobreseimiento provisional de la causa que se instruye contra la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro “al no haber resultado debidamente justificada” la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra ella.
Pilar Barreiro declaró el pasado 15 de enero en el Alto Tribunal, donde negó haber cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro –considerado el conseguidor de la trama “Púnica”– para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.
Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, dijo que estaba previsto que lo pagara el partido, un dato que días después confirmó un cargo regional del PP.
El archivo se solicita con independencia de que la causa pueda reabrirse si se aportan nuevos indicios contra Barreiro y la Fiscalía del Supremo concreta su petición respecto a esta investigada, sin que la decisión que tenga que adoptar ahora Ferrer “tenga por qué trascender respecto a las demás investigaciones seguidas en el marco de la causa por la “operación ‘Púnica’” que se instruye en la Audiencia Nacional.
Hechos objetivos
En el escrito de 18 páginas dado a conocer ayer, el fiscal Fernando Sequeros subraya que no se niega “la evidencia de unos hechos objetivos admitidos incluso por la propia investigada y los demás implicados”, ya que han sido constatados documentalmente en las actuaciones.
“Lo que en modo alguno queda claro tras la investigación, es su trascendencia y más para que el orden penal sea el adecuado para su sanción”, al no poderse garantizar prima facie que pudieran ostentar “no solo la nota de antijuricidad exigible como punto de partida para su persecución, sino particularmente la de su tipicidad como referencia inaplazable para una condena posterior”.
Así, concreta que no existe ningún documento que permita confirmar que Barreiro participara en la elaboración de un plan criminal para que los gastos para mejorar su imagen en las redes sociales –trabajos de reputación contratados con las empresas de De Pedro– fuera asumidos por la Consejería de Educación de Murcia a través de un contrato simulado de formación.
