10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
El Ministerio Público y la Abogacía del Estado entregaron ayer sus escritos de calificaciones provisionales en el Tribunal Supremo, cuyas conclusiones evidencian la crónica de una ruptura anunciada en las últimas semanas entre las dos acusaciones, en tanto que la Abogacía optaron por acusar por sedición y no por rebelión, al margen del delito de malversación y desobediencia que sí comparten.
Esta divergencia de criterio motiva las sustanciosas diferencias de años de condena que reclaman sendas acusaciones, como así queda acreditado con el exvicepresidente Oriol Junqueras: 25 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por rebelión pide para él la Fiscalía frente a los doce por sedición y malversación de la Abogacía.
La Fiscalía le sitúa en la jefatura de la rebelión, junto a los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, para quienes pide 17 años de cárcel, seguidos de los 16 que solicita para los cinco exconsellers encarcelados. Todos ellos por rebelión, un delito que, en el caso de los antiguos miembros del Govern, subsume la malversación que les atribuía el juez Pablo Llarena.
Un nivel de liderazgo del que discrepa la Abogacía del Estado, que sitúa a todo el Govern (a excepción de los huidos) en un primer grupo y pide para los cinco exconsellers once años y medio de prisión por sedición y malversación.
En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la Abogacía solicita para ellos 8 años de cárcel por sedición por no considerarles autoridad, una circunstancia que en cambio sí que estima para Forcadell, para quien reclama 10 años.
La Fiscalía del Tribunal Supremo aludió en una veintena de ocasiones a la existencia de violencia que hubo durante el proceso independentista en Cataluña para sustentar su acusación por rebelión.
El escrito de 127 páginas hace un especial énfasis en la existencia de violencia durante el proceso independentista en Cataluña, pues en una veintena de ocasiones recuerda los acontecimientos en los que ve “violencia” o actos “violentos”, centrándose en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En este sentido explica que la máxima responsabilidad en el procés la tenían Junqueras, Forcadell, y los conocidos como “los Jordis”, ya que junto a “otros procesados huidos” –en referencia al presidente Carles Puigdemont, sin mencionarle expresamente– “acordaron como principales promotores ponerla en práctica”. De hecho, estos cuatro procesados son para los que más penas pide el Ministerio Público.
