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miércoles | 24 abril | 2024
La Fiscalía Anticorrupción solicitará que la infanta Cristina pague en torno a 600.000 euros en concepto de responsabilidad civil a título lucrativo, la mitad de lo percibido por la empresa Aizoon de los fondos públicos presuntamente malversados por el Instituto Nóos entre 2003 y 2007.
Dicha petición quedará recogida en el escrito de acusación del caso “Nóos” que está preparando la Fiscalía Anticorrupción para cuando finalice la instrucción de esta causa, ya que la declaración de la infanta como imputada el próximo sábado podría ser una de las últimas diligencias que se practiquen, informaron fuentes jurídicas.
La infanta debería hacer frente a dicha responsabilidad civil pecuniaria en caso de que Urdangarin fuera condenado.
La Fiscalía considera que la infanta Cristina no cometió ningún delito penal, pero sí que tendría que responder pecuniariamente por haberse beneficiado como propietaria al 50% de Aizoon con su marido Iñaki Urdangarín de los fondos públicos presuntamente desviados aunque no supiera de su origen ilícito, tal como determina el artículo 122 del Código Penal.
El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, abrió la puerta a reclamar dicha responsabilidad a doña Cristina en el escrito que dirigió al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el 14 de noviembre de 2013, en el que se oponía a la posibilidad de que fuera citada a declarar como imputada.
Afirmaba que “no hay un solo elemento de prueba” que vincule a la infanta “con actividades delictivas propias o ajenas”, pero puntualizaba: “Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que, en su caso, puedan derivarse respecto de doña Cristina de Borbón al amparo de lo establecido en el artículo 122 del Código Penal (participación a título lucrativo)”.
También el juez instructor, José Castro, adelantó la posibilidad de que, aunque quedara descartada la comisión de delitos fiscales y de blanqueo de dinero, se podría considerar a la infanta “participante a título lucrativo” en los presuntos actos ilícitos de Urdangarín.
“Este precepto es totalmente aséptico de cualquier elemento intencional y solo requiere el dato objetivo de haberse lucrado de los efectos de un delito o falta”, recordaba Castro en el auto de imputación de la infanta del pasado 7 de enero.
El instructor planteaba esta hipótesis para defender que, si cabe la posibilidad de pedir a doña Cristina que devolviera el dinero presuntamente ilícito del que se lucró, es preciso “brindar a tal persona la posibilidad de escuchar su versión”.
"es inocente"
Por otra parte, el abogado de la infanta Cristina, el catedrático de Derecho Penal Jesús María Silva, aseguró ayer que “ella es inocente, lo dice ella, lo creo yo, y, tan pronto como lo explique, lo va a ver toda España”.
Según su letrado, la infanta, que está imputada por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, “está bien, está serena y consciente de que es un trámite importante”.
