10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha solicitado hoy al juez José Castro que deniegue la petición de la defensa de Diego Torres para que el ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, sea citado a declarar como testigo en esta causa.
Según han informado fuentes judiciales, Horrach ha pedido al juez instructor que rechace la pretensión de la defensa de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, que sostiene que Gallardón debe aclarar en qué medida participó en la contratación del Instituto Nóos para promover la candidatura Madrid 2016.
La representación de Torres, ejercida por Manuel González Peeters, también pidió a Castro que llamara a testificar a otros antiguos responsables de instituciones que estuvieron relacionadas con Nóos, como los exministros de Economía e Industria Pedro Solbes y José Montilla, respectivamente, y el exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky.
El fiscal también rechaza que se cite como testigos a los políticos citados, así como a otras personas propuestas por el letrado defensor.
La semana pasada el juez instructor solicitó a las partes que se pronunciaran sobre esta petición de pruebas testificales, sobre la que aún no ha tomado una decisión.
La representación del exsocio de Urdangarin aportó al juez veintisiete documentos para reforzar su tesis de que el Instituto Nóos realizó un trabajo útil y efectivo para las instituciones públicas que lo contrataron.
Entre la documentación dirigida a Castro, el letrado González Peeters incluyó el artículo de Gallardón que se recogió en una publicación sobre patrocinios que firmaron Torres y Urdangarin.
La defensa del socio del duque de Palma y de su esposa, Ana María Tejeiro, ha aportado a la causa cientos de correos electrónicos con los que ha tratado de probar que la Casa Real amparó la actividad del Instituto Nóos.
El juez Castro ya desestimó la comparecencia del actual ministro de Justicia para que testifique sobre la relación de la candidatura Madrid 2016 con la entidad que presidieron Urdangarin y Torres cuando la solicitó el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular.
