La Fiscalía ha pedido tres años de prisión para el dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde murió el pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo de gran profundidad y cuyo cuerpo fue rescatado 13 días después, al considerar que los hechos son consecutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave.
En el escrito de acusación, el fiscal pide la apertura de juicio oral contra David Serrano, dueño de la finca; e incide en que "no había señalizado ni advertido" de la presencia de la prospección.
El ministerio público insiste en que el acusado "era el único conocedor" de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que "los demás desconocían" la presencia del mismo ya que "apenas se veía".
Asimismo, se pide que el acusado indemnice a los padres de Julen por la muerte de su hijo y, de igual modo, a la Junta de Andalucía en el valor de los daños y perjuicios causados que se determinen en la ejecución de la sentencia.
Cabe recordar también que la Junta de Andalucía ha remitido al juzgado que lleva el caso por la muerte de Julen un escrito para personarse como perjudicada en el procedimiento.
De esta manera, se ha cifrado en 687.749,51 euros el coste de todas las actuaciones que se hicieron para rescatar a Julen. Se trató de una verdadera obra de ingeniería civil en un contexto de emergencia, con unas condiciones muy adversas en cuanto a las dificultades del terreno.
Por otro lado, la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda procedió a la apertura de dos expedientes sancionadores contra el propietario de la finca donde falleció Julen y contra la empresa perforadora del pozo en concepto de "presuntos autores por infracción muy grave en materia de seguridad minera", y que ambos casos comporta una sanción dentro de una horquilla que oscilaría entre los 300.001 euros y el millón de euros.
La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que instruye el caso de la muerte del pequeño Julen, considera que el dueño de la finca de Totalán cometió presuntamente un delito de homicidio por imprudencia grave. Así se indica en un auto, recurrido por la defensa del único acusado, en el que se dispone que sigan las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado, apuntando que David Serrano, propietario de la parcela, pudo cometer un delito de homicidio por imprudencia grave.