El fiscal mantiene la solicitud de diez años de inhabilitación a Mas por el 9-N

La Fiscalía mantiene su petición de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización de la consulta del 9-N, en la recta final del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en sus conclusiones en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ratificó íntegramente ayer sus conclusiones y las elevó a definitivas.
Así, también sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau; en ambos casos, por desobediencia grave cometida por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa.
Estas son las penas que pide el Ministerio Público si los dos delitos se consideran en concurso ideal, es decir, si se considera finalmente que uno de ellos es necesario para cometer el otro.
El Ministerio Público cree que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos –en cuyo caso no se considerarían en concurso ideal–, las condenas totales serían de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa.
El escrito del fiscal acusa a Mas de articular “una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión” acordada por el Constitucional, y de hacerlo amparándose solo en su voluntad y continuando los trabajos, aunque con la conveniente discreción –afirma la Fiscalía–, y para eso supuestamente se concertó con las otras dos acusadas. Mientras, las conclusiones definitivas de la acusación popular, encabezada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, renuncian a acusar a Mas, Ortega y Rigau de un delito de malversación y a pedir pena de prisión para ellos.
Su abogado, Antonio Alberca, puntualizó que toman esta decisión después de que el tribunal catalán dejara fuera el delito de malversación al abrir juicio oral.
Por su parte, las defensas de Mas, Ortega y Rigau mantuvieron ayer que no desobedecieron al Tribunal Constitucional ni prevaricaron con la consulta y volvieron a pedir la absolución de los tres acusados.