La fiscal general del Estado recuerda que el escenario de ruptura es delictivo

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, afirmó ayer que en su departamento se encuentran “expectantes” ante lo que pueda suceder en Cataluña y desveló que llevan “reflexionando” mucho tiempo sobre los escenarios que se pueden abrir en la Comunidades Autónomas por el desafío soberanista y la decisión de los partidos independentistas de romper con España. En su opinión, el escenario de ruptura o la “autollamada desconexión” de España es “delictivo”.
“Por supuesto que estamos expectantes y reflexionando desde hace mucho tiempo, no ahora, sobre los escenarios que se han iniciado hace mucho tiempo porque el llamado proceso está anunciado desde hace tiempo y es público”, aseveró Madrigal, quien insistió en que la Fiscalía “como no puede ser de otra manera, han estudiado los escenarios que se han anunciado desde el punto de vista de sus competencias”.
Al ser preguntada por los pasos que está estudiando la Fiscalía, Madrigal aseguró que están analizando “todos los que se han anunciado” en el “autollamado proceso de desconexión del Estado”, del que dijo que es un “escenario delictivo”.
Ante la pregunta de si la Fiscalía ha recibido informe de las Fuerzas de Seguridad sobre las 21 personas que pueden ser apercibidas si incumplen la resolución del TC, la Fiscal General respondió que “no” y precisó: “estamos hablando del proceso de la resolución de Cataluña, del Parlamento de Cataluña y de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Eso es conocido y ahí estamos, esperando a ver los siguientes pasos”.
En cuanto a la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra Artur Mas por supuesto delito de desobediencia, Consuelo Madrigal dijo que la Fiscalía actuará “por su propia cuenta” cuando lo consideren “conveniente”.
No obstante, aclaró que la Fiscalía está “esperando acontecimientos” y “esperando que no se produzcan los delitos o el escenario de delitos masivos que se ha anunciado”. Incluso dijo que “es posible que no se produzca” y prefiere confiar en que “la resolución del TC, la advertencia personal que se ha hecho a cada uno de esos 21 miembros del parlamento, tenga su efecto”.
Y sobre la posibilidad de aplicar el artículo 410 del Código Penal, que prevé multas de tres a doce meses e inhabilitación para funcionarios o autoridades que se negasen a cumplir resoluciones judiciales, explicó que esa es una de las medidas que prevé la propia reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. “Habrá que ver qué resuelve el TC, qué realiza cada una de esas 21 personas y cómo continua el proceso anunciado”.