10º-19º
jueves | 18 abril | 2024
La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita a la Sala de lo Penal de este órgano que desestime el recurso de apelación en el que el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras solicita que se levante la medida de prisión provisional que pesa sobre él desde el pasado 2 de noviembre por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el “procés” que concluyó con la declaración unilateral de independencia.
El Ministerio Público estima que los argumentos contenidos en el auto judicial recurridos siguen siendo plenamente válidos, por lo que no deben modificarse las medidas cautelares aplicadas. Agrega que “existen suficientes elementos de soporte de la acción típica de rebelión, alternativamente de secesión, y de malversación”.
En su escrito, presentado ayer ante la sala de apelaciones, la Fiscalía desgrana estos indicios: la “hoja de ruta” de la Asamblea Nacional Catalana (ANC); el documento denominado “Enfocats” encontrado en el domicilio del número 2 de Junqueras en Economía, Josep María Jové; la firma por todo el Ejecutivo catalán de la fecha de convocatoria del referéndum del pasado 1 de octubre, el llamamiento a la población para participar en este acto desobedeciendo al Tribunal Constitucional; y el “desarrollo de actuaciones en las que han existido actos de intimidación y violencia”.
Responsable de los procesos
Entre estas últimas la Fiscalía cita lo ocurrido el pasado 20 de septiembre al impedir registros ordenados por el Juzgado número 13 de Barcelona y lo ocurrido el 1-O. El firmante del documento, el fiscal Jaime Moreno, añade como indicio “la posición en el Govern del apelante como vicepresidente y responsable de los procesos de consulta.”
La defensa de Junqueras solicitó a la sala de apelaciones del Supremo – que es la que debe revisar las decisiones del instructor, Pablo Llarena– que excarcele a su cliente para que pueda poder participar en los actos de la campaña electoral del próximo 21-D y alega, entre otros argumentos, que su permanencia en prisión “está ya teniendo efectos muy relevantes en la conformación libre de la voluntad popular.
En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, el fiscal Moreno señala que las actuaciones atribuidas a Junqueras se han desarrollado en un prolongado espacio temporal y que fueron “minuciosamente planificadas y concertadas” sin que se trate de un hecho delictivo puntual y aislado “sino de un conjunto de acciones concatenadas finalísticamente y organizadas”.
En cuanto a la vinculación de Junqueras con los hechos violentos ocurridos el 20 de septiembre frente a la sede de la Consejería de Economía, el fiscal recuerda que el propio instructor Llarena señala su presencia en el lugar, a lo que se une la actuación de los Mossos d”Esquadra, dependientes del Govern y por ello bajo sus instrucciones, “que favorecieron y no desplegaron ninguna actuación que pudiera ponerles término”.
Reiteración delictiva
Finalmente, el fiscal hace suya la afirmación de la resolución de Llarena de que el riesgo de reiteración delictiva no desaparece por las mera afirmaciones de que abandonaría su actual estrategia que Junqueras realizó durante su declaración ante el magistrado.
Por otra parte, el fiscal se mostró ayer contrario a que el juez Pablo Llarena ordene el regreso a la prisión preventiva de los exconsellers catalanes Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Turull y Josep Rull, tal y como pedía la acusación popular ejercida por Vox.
Este partido ejerce la acusación en el sumario abierto en el Supremo para investigar el procés hacia la declaración unilateral de independencia en Cataluña, un sumario en el que están imputados los citados exconsellers y en el marco del cual estuvieron en prisión provisional.
La fiscalía se mostró a favor de la prisión preventiva para estos seis exconsellers el pasado 1 de diciembre, cuando comparecieron ante el juez Llarena para que se revisara su situación.
Reconsideración
En aquella ocasión el magistrado los dejó salir de la cárcel con fianzas de 100.000 euros cada uno. Ahora la fiscalía reconsidera su posición de entonces y señala que no es necesario que el juez cambie su criterio.
“El Ministerio Fiscal, que en su día solicitó la prisión preventiva para los afectados por el recurso, aceptó los argumentos del auto recurrido, aquietándose con el criterio del magistrado instructor”, dice el escrito.
