10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordará la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial el próximo día 23, después de que la comisión permanente de este órgano haya encargado la propuesta de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le ha inhabilitado 11 años.
La comisión permanente, reunida ayer de forma ordinaria, tomó conocimiento de la sentencia y encomendó al secretario general la elaboración de la propuesta de ejecución que se remitirá al pleno, convocado el día 23, para que proceda a su ejecución, según confirmaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Con este trámite se cumple lo establecido en el artículo 208 del reglamento de la carrera judicial, según el cual “el pleno del CGPJ resolverá sobre la pérdida de la condición de juez o magistrado”, acuerdo contra el que cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, desde la notificación de la expulsión al interesado.
Debe ser, por tanto, el pleno del CGPJ, del que forman parte sus veinte vocales y el presidente, Carlos Dívar, el órgano que ejecute la sentencia que condenó a Garzón el pasado jueves por ordenar las escuchas del “caso Gurtel”, y que supone la pérdida de su condición de juez.
En concreto, el TS condenó a Garzón por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales a “once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos”.
Una vez que el CGPJ formalice su expulsión, quedará vacante la plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que hasta ahora era titular Garzón, y el órgano de gobierno de los jueces procederá a sacar a concurso ese puesto, que ocupa en comisión de servicios el magistrado Pablo Ruz.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se mostró satisfecho con el archivo por prescripción de la causa al juez Baltasar Garzón por el patrocinio a los cursos que impartió en Nueva York, pero insistió en que la posición de la Fiscalía era que no existía delito.
Así, elogió el “escrito extraordinariamente pormenorizado y de una altísima calidad técnico-jurídica” en el que la Fiscalía solicitaba a Marchena el archivo al considerar que el juez no cometió el delito de cohecho.
Por otro lado, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que se querellaron contra Baltasar Garzón por el patrocinio de los cursos que impartió en Nueva York entre 2005 y 2005, recurrieron ayer ante el Supremo el archivo de la causa por prescripción decretado el lunes por el magistrado Manuel Marchena.
Los letrados, que han presentado un recurso de reforma y otro de apelación ante la sala segunda, dicen que Marchena da la impresión de que “buscaba la cabeza de Garzón” y de que “cuando la ha tenido” por la condena por las escuchas del “caso Gurtel”, ha archivado la causa que investigaba el patrocinio que cinco empresas españolas dieron a sus conferencias en la Universidad de Nueva York.
Los querellantes insisten en pedir la apertura de juicio oral a Garzón por los delitos de prevaricación y cohecho propio al considerar que no ha existido prescripción, sino que Marchena la ha “inventado”.
“Ahora el querellado puede sostener con cierto fundamento que han podido existir canales o vasos comunicantes entre esta instrucción y las circunstancias de su enjuiciamiento en las escuchas”, afirman.
Por otro lado, la plataforma Galicia con Garzón convocó para el próximo jueves en A Coruña otra concentración de apoyo al juez.
Como la realizada el pasado sábado, los convocantes del acto llaman a acudir a las 18.30 horas a la plaza de Galicia, frente a la sede del Tribunal Superior de Xustiza, donde se leerán varios textos de apoyo al juez.
