9º-16º
miércoles | 24 abril | 2024
El juez Santiago Pedraz, que archivó ayer la causa contra los ocho convocantes del 25-S, enmarcó la protesta en el derecho a la libertad de expresión, “máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”, y reprochó a la Policía sus “excesos” en la instrucción.
Así lo argumentó el magistrado de la Audiencia Nacional en un auto en el que censura que la Brigada Provincial de Información pretenda ahora “sorprendentemente” imputar a cinco de los 35 detenidos en los incidentes registrados frente al Congreso un delito contra las instituciones del Estado que, a su juicio, no existió.
Recuerda que fue la Policía la que puso a disposición de un juzgado madrileño a los arrestados por delitos que no son competencia de la Audiencia Nacional como atentado, lesiones, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos.
Pedraz insiste en que en ningún momento “acordó” aceptar o rechazar competencia alguna respecto a los 35 detenidos por los incidentes ocurridos en la manifestación, “sencillamente porque nadie se lo ha planteado”, e indica que no se comprende por qué la Policía no presentó inicialmente a los detenidos ante este tribunal si entendía que existían delitos de su competencia.
“De ninguna forma, la unidad policial puede ‘sustraer’ unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial”, afirma.
prohibir la opinión
En su auto, el magistrado justifica además las protestas: “Hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que estas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.
Un argumento que considera respaldado con la actuación de la propia delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que –recuerda– “tomó conocimiento, esto es no prohibió, de lo que pretendía la convocatoria, indicando además la forma de hacerlo”.
Reprocha a la Policía sus “excesos” en
la instrucción por
los altercados
Según el juez, la convocatoria Rodea el Congreso no alteró el orden de la sesión que se celebraba en el hemiciclo y tampoco consta que a algún diputado se le hubiera impedido salir del mismo, algo que –dice– no integra un delito contra las instituciones del Estado, “como tampoco el lanzamiento de objetos o agresiones a la Policía”. Igualmente, cree que los objetos o instrumentos peligrosos de los que la Policía se incautó a algunos de los detenidos no permiten deducir que fueran a utilizarse para entrar al Congreso, sino que a la luz del propio atestado policial fueron destinados para lanzarlos a los agentes desplegados.
En este sentido, vuelve a referirse a la instrucción policial para afirmar que “la gravedad aventurada por la Policía no era tal (ocupar el Congreso)”.
Durante su declaración, siete de los ocho arrestados por convocar la protesta aseguraron que “en modo alguno pretendían invadir, penetrar, acceder o alterar el normal funcionamiento del Congreso, insistiéndose en el carácter pacífico de las concentraciones, movilizaciones o manifestaciones convocadas”.
Algo que confirman, afirma Pedraz, las declaraciones de un parlamentario recogidas en el acta de sesiones en las que afirmaba que el “Congreso ha podido mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad”.
Tras comparecer ante el juez, uno de los acusados manifestó que “no cabía otra” opción que el archivo porque la causa “no se sostenía jurídicamente” y exigió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a Cifuentes, que si tienen “algo de dignidad, lo mínimo que deberían hacer es pedir perdón por sus acusaciones infundadas”.
Varias decenas de ciudadanos, que acompañaron hasta la Audiencia a los ocho acusados con pancartas en las que se podían leer lemas como “Los de dentro del Congreso sí atentan contra el Estado” les recibieron también a su salida con aplausos y gritos de “Sí, se puede”. n
