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viernes | 19 abril | 2024
El Gobierno y las comunidades alcanzaron ayer un “compromiso de Estado” por el equilibrio presupuestario que incluye sanciones paras las regiones incumplidoras o incluso la intervención temporal para el saneamiento de las que incurran en problemas muy agudos de liquidez o no puedan asumir su financiación.
Esta intervención tendría carácter temporal y significaría que la Administración General del Estado llevaría a cabo un plan de saneamiento junto a las autoridades autonómicas y locales afectadas, explicó ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Tras la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Gobierno de Mariano Rajoy, Montoro dijo que al igual que en la UE las sanciones serían en primer término de carácter económico, y podría llegarse a la citada intervención “en términos hacendísticos”, no de quitar competencias, si la situación se agrava.
El Ejecutivo tomará más medidas de ajuste si ve que la realidad “es más dura” de lo previsto
Como en la UE > No obstante, Montoro no quiso adelantar una cifra a partir de la cual se produciría la intervención, pero precisó que se utilizarán los mismos criterios que en la UE, incluso en términos cuantitativos.
“No voy a tener complejos de hacer las cosas pero tampoco de exigir, porque vamos todos en el mismo barco”, aseguró Montoro en rueda de prensa: “No tenemos que ser ni más laxos ni menos estrictos” que la Unión Europea.
Además, Montoro convocó de nuevo a las comunidades la próxima semana para analizar el documento de lo que será la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Durante la reunión se acordó también la apertura de un línea de crédito ICO, no cuantificada todavía, para que, al igual que se hizo con los ayuntamientos, las comunidades puedan pagar a los proveedores.
Montoro dejó clara la voluntad del Gobierno de hacer frente y atajar el retraso en el pago a los proveedores en el convencimiento de que los impagos están poniendo en dificultades a todos, pero sobre todo a las pymes y los autónomos.
Lo que sí está cuantificado es el importe de las liquidaciones positivas correspondientes a 2010, que ascienden a 6.000 millones de euros y que las comunidades recibirán antes de lo previsto, a los que hay que sumar otros 2.000 millones de los fondos adicionales del sistema de financiación de ese mismo año y que el anterior Gobierno no pagó.
Como ya anunció el pasado viernes, el Gobierno ha decidido ampliar de cinco a diez años el período de devolución de los anticipos a cuenta de las liquidaciones de 2008 y 2009 que resultaron negativas para las autonomías, cifradas en 6.000 y 25.000 millones, respectivamente.
Otras medidas acordadas ayer tendrán como finalidad acortar los plazos y los trámites para la autorización de las operaciones de endeudamiento de las comunidades, según subrayó Montoro.El ministro se congratuló por la acogida de estas medidas, porque permiten trasladar el mensaje a los socios europeos y a los mercados de que el estado de las autonomías está comprometido con la cultura de la estabilidad presupuestaria.
Las autonomías y el Gobierno van a crear tres grupos de trabajo para estudiar la concreción de todas estas iniciativas, que buscan superar una situación “extremadamente peligrosa” para la financiación de los servicios públicos, dijo Montoro.
También se evaluarán opciones como eventuales avales gubernamentales a la emisión de deuda autonómica o la supresión de entes públicos para aligerar la burocracia y el gasto. Montoro recalcó que el punto de partida de cada autonomía dependerá de su nivel de déficit actual, y aquellas que estén en un porcentaje más alto tendrán que hacer un esfuerzo mayor. Además el titular de Hacienda no dudó en afirmar que el Gobierno tomará más medidas de ajuste si comprueba que la realidad “es más dura” de lo previsto.
