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martes | 23 abril | 2024
El ministro de Economía, Luis de Guindos, adelantó ayer que el Gobierno procederá a una “racionalización” del número de ayuntamientos españoles porque es necesario “reducir un gasto público que a veces no es eficiente”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos se refirió a las medidas del programa de estabilidad que el Gobierno tiene que enviar a Bruselas y señaló que “España, sabemos todos que tiene la estructura administrativa que tiene, y un número de ayuntamientos muy superior a lo que corresponde en comparación con otros países de nuestra población”.
En este sentido, De Guindos avanzó que el Ejecutivo va a realizar una “racionalización del número de ayuntamientos” en la búsqueda de la “eficiencia”. El titular de Economía adelantó que en las próximas semanas se irá viendo “la hoja de ruta” y “cómo se desarrollan las medidas”.
Efectos positivos > El ministro también explicó que “lo que se va a hacer básicamente es racionalización, búsqueda de eficiencia” y “necesidad en última instancia de reducir un gasto público que a veces no es eficiente”. A su entender, cuando el gasto público que se reduce es “ineficiente”, eso tiene efectos “positivos” desde el primer momento.
De Guindos reiteró que en el caso específico de la reforma de las administraciones públicas, será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro el encargado de presentarla “en las próximas semanas”.
El Gobierno prevé ahorrar 3.500 millones de euros en 2013 gracias a la agrupación de municipios y a la ordenación de las competencias impropias, aquellas que en la actualidad ejercen los ayuntamientos cuando deberían corresponder a otra administración.
Así consta en la documentación que distribuyó el Gobierno como resumen del programa de estabilidad 2012-2015.
En unas semanas > Fuentes del Ministerio de Economía explicaron no está todavía claro a cuántos de los 8.116 ayuntamientos españoles afectarían estas medidas, y aseguraron que “en las próximas semanas o meses” se aclararán estos extremos.
El Gobierno tiene en sus previsiones reformar la ley de Bases del Régimen Local para concretar las competencias de los ayuntamientos desde el principio de “una administración, una competencia”, y definir el papel de las diputaciones provinciales.
Se pretende definir los servicios que deben prestar los ayuntamientos y acabar así con lo que se conoce como competencias “impropias”, que son las que prestan los municipios sin contar con financiación para ello.
A partir de esa definición, se acordará un nuevo sistema de financiación y se clarificarán los recursos económicos de los entes locales para prestar esas competencias, evitando así el actual sistema de convenios entre administraciones.
La clarificación de competencias es una de las demandas históricas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que cifra en unos 6.000 millones al año el coste que para los ayuntamientos suponía prestar esos servicios.
