El delegado del Gobierno en Euskadi cree que hablar de "presos políticos" puede ilegalizar un partido

El delegado del Gobierno en Euskadi cree que  hablar de "presos políticos" puede ilegalizar un partido
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo. EFE/Archivo

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, considera que el uso de la expresión "presos políticos" para referirse a reclusos de ETA "puede conducir, sumado a otras conductas, a la ilegalización de un partido político".

En una entrevista con Efe, Urquijo subraya que "no es de recibo en una democracia" utilizar este término porque los presos de ETA "no están en prisión por un delito de opinión", sino por haber "matado, extorsionado y amenazado".

"Me parece un insulto a la democracia española y una afrenta a las víctimas del terrorismo", ha señalado.

Por ello, ésta es una de las más de veinte "actuaciones y actitudes" de las formaciones de la izquierda abertzale que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía por entender que "podrían superar los límites" marcados en la sentencia del Tribunal Constitucional por la se que permitió a Sortu su inscripción del registro de partidos políticos.

Entre esas denuncias al fiscal también figura la participación de representantes de Sortu en el recibimiento a los restos mortales del etarra Xabier López Peña, Thierry, y el apoyo mostrado por Bildu a los ocho integrantes de Segi condenados por pertenencia a ETA y detenidos este viernes en San Sebastián.

La idea consiste en que el fiscal "vaya tomando nota y que si en un momento dado considera que se han acumulado indicios suficientes" que puedan demostrar que se han sobrepasado las "líneas rojas" establecidas en la citada sentencia, inste a su ilegalización.

En todo caso, no encuentra "sorprendente" que representantes de EH Bildu hablen de "presos políticos" ni que su portavoz en la Cámara vasca, Laura Mintegi, vea un "origen político" en el asesinato del socialista Fernando Buesa, porque esta coalición, asegura, "no es otra cosa que Batasuna disfrazada y ahora a las órdenes de Sortu".

Para Urquijo, este tipo de hechos "evidencian que los pasos que algunos han querido ver (en la izquierda abertzale) de acomodarse a las reglas del juego democrático eran humo y poco sinceros".

"En cuanto uno rasca un poco sale lo que hay debajo, que no es otra cosa que el brazo político de ETA. Me da igual el nombre que hayan usado para sortear la legalidad", añade el delegado del Gobierno, al tiempo que confiesa su "preocupación" por estos hechos, que "obligan a estar más vigilantes para que nadie esté por encima de la ley".

Urquijo no teme que una hipotética ilegalización de las nuevas siglas de la izquierda abertzale pueda suponer un retorno a la violencia.

"En estos momentos ETA no está en condiciones de actuar y no está en disposición de condicionar la actividad política ni tampoco las decisiones del Gobierno de España, ni de ningún otro gobierno".

Pese a ello, advierte de que mientras la banda no se disuelva y haya "algún terrorista en la clandestinidad y sigan existiendo zulos que no hayan sido descubiertos por la policía, algún descerebrado puede cometer alguna acción terrorista".

Ante este riesgo, insta a las Fuerzas de Seguridad de Estado a "no bajar la guardia" y mantener la "presión" que llevó a ETA a anunciar el cese de su actividad para que su próximo comunicado "sea el de la disolución, entrega de las armas y puesta a disposición judicial de los miembros (de la banda) que quedan en libertad".

Sobre la convocatoria de escraches ante domicilios de dirigentes políticos por parte de plataformas antidesahucios, Urquijo ha abogado por "conciliar" el derecho a protestar de los ciudadanos con el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de los domicilios.

Entiende que este tipo de prácticas pueden acarrear la deslegitimación de las reivindicaciones de estos grupos porque "no es de recibo que se pueda coaccionar a los políticos en sus tomas de decisión y mucho menos que sean sufridores de estas presiones sus familiares, que no tienen nada que ver con las decisiones que se toman".

El delegado del Gobierno en Euskadi cree que hablar de "presos políticos" puede ilegalizar un partido

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