Ocho detenidos en la operación contra el grupo de enlace con presos de ETA

La Guardia Civil asestó ayer un golpe al grupo de interlocutores de los presos de ETA y detuvo a ocho personas, entre ellas los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, en una operación que, según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es “un paso más” para el definitivo final de la banda.
Junto a Zulueta y Enparantza, fueron arrestados Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren.
Todos ellos, salvo Almandoz –que estaba preso en Francia–, aparecen en la relación hecha pública en julio de 2012 con los 25 integrantes del grupo de interlocución, formado por personas ligadas a la izquierda abertzale, expresos y abogados, y cuyo objetivo era contactar con agentes políticos vascos e internacionales para tratar de buscar una solución a los reclusos de ETA.

cinco días después
Cinco días después de que los excarcelados por la anulación de la doctrina Parot protagonizaran en Durango un acto de apoyo al colectivo de presos etarras al que acudieron Zulueta y Sagarminaga, la Guardia Civil arrestó a esas ocho personas en País Vasco y Navarra.
Una operación no exenta de polémica después de que el Ministerio del Interior informara a las 15.06 horas de ella, aunque sin nombres ni número de detenidos, cuando todavía los agentes no habían salido de sus acuartelamientos para proceder a la entrada del despacho de Zulueta, donde estaba prevista una reunión de los interlocutores con el colectivo de presos EPPK.
Apenas media hora más tarde, Interior remitió otra nota anulando “a todos los efectos” la primera, pero, según fuentes de la lucha antiterrorista, la anticipación de este departamento pudo provocar que los detenidos destruyeran algunas pruebas o encriptaran la información de sus ordenadores, lo que dificultará el trabajo de los agentes.
Precisamente, los investigadores lamentaron este incidente, toda vez que llevaban varios meses preparando la operación, que podría ser la última importante en España contra el entramado de ETA.
No solo a los agentes disgustó lo ocurrido. En la Fiscalía de la Audiencia Nacional también hay malestar y, de hecho, según fuentes fiscales, quiere investigar si lo sucedido ha podido malograr el resultado de la operación.
También los sindicatos policiales SUP y CEP exigieron ayer a Interior explicaciones “inmediatas y consistentes” por haber puesto en riesgo la operación.
Ambos lamentaron el “ansía política” de Interior y reclamaron la dimisión del ministro Jorge Fernández Díaz. n