9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
Una delegación de la CUP formada por los diputados Carles Riera y Maria Sirvent se reunió con el expresidente Carles Puigdemont en Berlín (Alemania) y le trasladó su apoyo –traducido en sus cuatro votos favorables– si él decidiera volver a presentar su candidatura a la presidencia. Mientras, el candidato que ha elegido JxCat para someterse a la aprobación del Parlament, Jordi Sánchez, solicitó al juez Llarena un permiso penitenciario para poder ir al pleno o bien ser investido por videoconferencia.
La reunión de Puigdemont con miembros de la CUP se produjo en Berlín, según precisó la diputada de la CUP Natália Sánchez en rueda de prensa en el Parlament, y en el encuentro la formación anticapitalista le expresó a Puigdemont su solidaridad “ante la persecución de que es objeto por parte del Estado español”.
Sobre las negociaciones y las perspectivas para que el Parlament pueda aprobar la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat, la CUP reiteró a Puigdemont su apoyo incondicional porque si decidiera presentar otra vez su candidatura, contaría con los cuatro votos favorables del subgrupo, sin necesidad de pactar previamente el programa de gobierno.
Por lo que respecta a la postura de la CUP en el pleno convocado para el viernes para investir al candidato de JxCat Jordi Sánchez, sus cuatro diputados se abstendrán, tal y como ya habían anunciado.
Condiciones
El motivo de esta abstención es que, ante cualquier otro candidato que no sea Puigdemont, la CUP impone como condición para apoyarlo que presente “un programa republicano” que incluya un proceso constituyente efectivo y volver a aprobar “las leyes tumbadas por el Tribunal Constitucional”.
Mientras se producía esta reunión en Alemania, el número dos en las listas de JxCat, Jordi Sánchez, pedía al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que le permita salir de prisión para someterse a la investidura como presidente de la Generalitat o bien participar en la sesión a distancia a través de videoconferencia.
La defensa del exlíder de la ANC alegó en un escrito ante el TS que, a su juicio, la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del pasado 23 de marzo, insta al Estado a “garantizar cautelarmente” los derechos “civiles y políticos” del diputado de JxCat, encarcelado en Soto del Real desde el pasado octubre. Y así, para “garantizar que España cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, el letrado pide a Llarena “la adopción de medidas que hagan posible el ejercicio de tales derechos”.
Por otra parte, la Mesa del Parlament tramitó ayer la iniciativa del PP que busca reformar la Ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat que regula los derechos y las prerrogativas que tienen los presidentes del Govern cuando dejan el cargo.
La reforma de los populares quiere que los expresidentes solo puedan acceder a “los medios materiales y personales” a los que tienen derecho si están en Cataluña, lo que dejaría al expresidente Carles Puigdemont, actualmente en Alemania, sin derecho a ellos.
La norma también plantea que estos derechos queden anulados “en el caso de condena penal firme contra la persona de un expresidente de la Generalitat”.
