Cs denunció ante la Fiscalía la contratación de afiliados de PSOE y Compromís por 2,5 millones de euros

La denuncia de Ciudadanos ante la Fiscalía sobre posibles irregularidades en contratos de alta dirección en la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra afirmaba que se había contratado a tres militantes del PSOE y cuatro de Compromís con un salario anual de 75.000 euros y coste total de 2,5 millones esta legislatura.
La denuncia, presentada en abril, explicaba que en noviembre de 2015 la antigua Imelsa contrató mediante libre designación a siete directores de área con contrato de alta dirección, evitando la convocatoria pública de plaza, pues viendo su currículum “la mayoría difícilmente pasaría la primera fase”.
Cada uno de esos siete “teóricos altos cargos”, expone la denuncia, cobraba un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo, comportando 75.000 euros al año, con un coste total para la legislatura de 2,5 millones de euros, incluidas posibles indemnizaciones por cese.
Cs apuntaba además a una “distracción de fondos a partidos políticos” por parte de esos altos cargos contratados, pues indicaba que era posible que los altos cargos contratados en Divalterra “realicen, de las retribuciones percibidas por la empresa pública, donaciones o aportaciones a sus partidos políticos por el mero hecho de haberlos “enchufado’”, procedentes de fondos públicos.
“Esto supondría una reiterada sustracción de los fondos públicos, desviación del destino de los mismos y malversación de fondos públicos de especial gravedad”, indica la denuncia presentada por el representante de Ciudadanos en el consejo de administración de Divalterra, Jorge Ochando.
La denuncia se formuló contra el presidente de la Diputación de Valencia y del consejo de administración de Divalterra, Jorge Rodríguez; los cogerentes de Divalterra Xavier Simón (del PSPV) y Agustina Brines (de Compromís); y el secretario del consejo de administración de la empresa, Jorge Cuerda.
Ciudadanos consideraba que se habían podido producir los delitos de prevaricación, falsedad documental, administración desleal, delitos societarios, negociaciones prohibidas, ocultación de información y malversación de fondos públicos.
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y los otros cinco detenidos en el llamado caso “Alquería” quedaronen libertad ayer aunque siguen investigados por malversación y prevaricación por irregularidades en la contratación de personal.
Los seis detenidos fueron trasladados a la Ciudad de la Justicia de Valencia poco después de las 16.00 horas y a las 18.15 horas abandonaba las dependencias judiciales el último de ellos después de acogerse todos a su derecho a no declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9, que lleva el caso.
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha declarado a los periodistas que estaba “muy tranquilo” y que todo había “salido bien”.
Arropado por familiares, Rodríguez se ha detenido ante los medios de comunicación y al ser preguntado por la destitución de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE y la propuesta de sustitución al frente de la Diputación, ha comentado: “es la primera noticia, así que no lo voy a valorar”.
Rodríguez añadió que las decisiones adoptadas por su partido son “lógicas en una situación como esta. Yo estoy tranquilo”, agregó. l