El atasco crónico que padece el Tribunal Constitucional se agravó en 2022, año que cerró con más de 6.500 asuntos sin resolver: 283 pendientes de sentencia y 6.312 a la espera de ser o no admitidos a trámite.
El ejercicio previo había dejado pendientes 5.214 asuntos, según se recuerda en la memoria anual que este miércoles ha entregado al rey el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
En su informe, Conde-Pumpido, que asumió el cargo de presidente el pasado enero, se compromete con un proceso de "modernización y apertura" del tribunal y ratifica su apuesta por resolver los recursos de inconstitucionalidad más antiguos y de mayor trascendencia social, "tratando así de actuar con celeridad, mesura, proporcionalidad y consenso".
Según la memoria, la demanda de justicia constitucional aumentó ligeramente -se registraron 8.591 nuevos asuntos, un 2,64 % más-, pero de manera desigual.
Bajaron, por ejemplo, los recursos de inconstitucionalidad -36 frente a 39 del 2021-. La mayoría los presentaron diputados o senadores, mientras que el presidente del Gobierno interpuso seis frente a leyes autonómicas y las asambleas legislativas y gobiernos autonómicos recurrieron tres leyes estatales.
De acuerdo con la memoria, se dictaron un total de 7.247 resoluciones definitivas, cifra superior a la registrada el año previo (6.920), pero inferior al número de asuntos de nuevo ingreso.
Un año más, la inmensa mayoría de esos nuevos asuntos, el 99,27 %, fueron demandas de amparo, pero el Tribunal destaca que el número de recursos de amparo admitidos sigue siendo limitado, 158.
