10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La defensa del cabecilla de la trama “Gurtel”, Francisco Correa, solicitó ayer una rebaja de la pena de 13 años que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la pieza separada relativa al amaño de contratos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) porque, según explicó, no se puede juzgar el mismo hecho varias veces en la misma macrocausa.
Así lo dijo el abogado Juan Carlos Navarro en la vista que celebró la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para revisar los recursos presentados por los 11 condenados en febrero de 2017 por las irregularidades cometidas en la adjudicación del montaje del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en las ediciones de 2005 a 2009 de la feria de turismo.
El letrado afirmó que existe una “desproporción de la pena” impuesta al empresario porque en todo el caso “Gurtel” se le está acusando del mismo delito de malversación de caudales públicos de forma continuada, dependiendo de la “temática” o de la “zona geográfica”. “No podemos ser juzgados dos veces por lo mismo”, destacó al respecto.
Navarro pidió al tribunal presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta que se elimine la continuidad del delito de malversación, lo que supondría una rebaja de la pena impuesta por el TSJCV. Correa, que se encuentra actualmente en prisión, está condenado a 13 años: tres años por asociación ilícita; un año por tráfico de influencias; seis por el delito continuado de malversación de caudales públicos y otros tres por cohecho.
El abogado de Correa también hizo referencia a las grabaciones que entregó el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, que dieron pie a que la red corrupta fuese investigada, y a las escuchas de las conversaciones que mantuvieron los acusados con sus abogados en el centro penitenciario y por las que el que fuera juez instructor Baltasar Garzón fue apartado de la carrera judicial. Navarro insistió en la nulidad de la causa por estos motivos e hizo mención de una sentencia del Supremo que, según él, ha marcado “la ruta” en este caso porque afirma que estas escuchas vulneraron el derecho de defensa al conocer las “estrategias” y porque permitieron a los investigadores “conocer datos y abrir nuevas líneas de investigación”.
La defensa del número dos de Correa, Pablo Crespo –condenado a 13 años y tres meses de prisión–, la lleva el abogado Miguel Durán, y ha dejado el alegato a la hija del condenado, Margarita Crespo.
La letrada recordó al tribunal que ya hay jurisprudencia sobre estas escuchas que vulneran derechos fundamentales y aludió a la propia sentencia del Supremo por la que se apartó a Baltasar Garzón por prevaricación y recordó una frase de la resolución: “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia”.
