El Constitucional anula la partida para el referéndum

El Constitucional anula la partida para el referéndum

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales ayer las partidas de los presupuestos catalanes contempladas para el referéndum de independencia, mientras que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió al Govern de que los “delirios autoritarios” no podrán vencer al Estado democrático.
En la inauguración en Madrid de la jornada Crecimiento Empresarial y Competitividad, el jefe del Gobierno pidió confianza en el futuro a los catalanes “sensatos y moderados”.

Equilibrio y serenidad
“A todos les digo que mantengan la confianza en el futuro porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y el equilibrio del Estado democrático”, afirmó.
Rajoy, que hoy se reúne en la Moncloa con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el desafío independentista catalán sobre la mesa, se expresó así un día después de la presentación de la futura Ley de Referéndum de Autodeterminación impulsada por JxSí y CUP, que prevé declarar la independencia de Cataluña en 48 horas si ganase el “sí” en un eventual referéndum.
Una posible cita electoral sobre la que actuó el Constitucional, ya que declaró inconstitucional la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat y las partidas presupuestarias impugnadas por el Gobierno central si la Generalitat las destina a financiar dicho referéndum.
En este contexto, el líder del PPC, Xavier García Albiol, ha advertido de que el fallo del TC es “la mejor garantía de que cada euro que destinen al referéndum lo acabará pagando el responsable de su bolsillo”.
Cs, por su parte, consideró que la futura Ley del Referéndum es la “chapuza de fin de curso” del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, antes de nuevas elecciones, y auguró que los días 1 y 2 de octubre “serán un día más”, en palabras del dirigente Fernando de Páramo.
Mientras tanto, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, aseguró que la futura normativa que desarrolla el Govern es un “sinsentido jurídico” que “no ofrece ninguna garantía democrática”, al situar a Cataluña “fuera del marco legal”.
El alcalde accidental de Barcelona y miembro de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, señaló por su lado que el Govern “no está planteando el referéndum que Cataluña necesita”.

Una cosa distinta
En el mismo sentido, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, insistió en que un referéndum “es otra cosa” distinta a lo que está planteando la Generalitat, ya que debe contar con garantías y ser pactado con el Gobierno central, pero también criticó que “algunos” hablen de “sedición” mientras se “blanquea la corrupción”.
Los juristas de la asociación Llibertats también alertaron de que, tras analizar el texto, de que la futura Ley de Referéndum de Autodeterminación es un “despropósito” y es “contraria a la legislación internacional” y al código de buenas prácticas de la Comisión de Venecia.

Junqueras niega la legalidad de España y dice que la Ley del Referéndum se aprobará

El vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, afirmó ayer que la legislación española “no es válida” porque no respeta los tratados internacionales ratificados por el Estado, y situó a principios de septiembre la aprobación de la ley del referéndum que regulará la consulta independentista del 1-O.
En una entrevista en TV3 un día después de la presentación pública de la ley del Referéndum de autodeterminación, Oriol Junqueras aseguró que “la supuesta legalidad del Estado español es una legalidad que no es legal porque no sigue el mandato del derecho internacional que el propio Estado español se autoimpuso que tenía que cumplir”.
“De legalidad solo hay una, solo puede haber una, que es la que se deriva del marco internacional, que se deriva del principio democrático, del espíritu general del derecho, del derecho internacional en su conjunto y en particular de los derechos humanos, que forman parte del derecho internacional”, agregó. Para Junqueras, “el primero de los derechos humanos es el derecho a la autodeterminación, y el Estado español se obligó a sí mismo” a cumplirlo. l

 

 

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