El Constitucional anula las estructuras de Estado creadas por la Generalitat

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió de forma unánime algunos artículos y disposiciones de la Ley por la que la Generalitat de Cataluña estableció la creación de sus propias estructuras del Estado.
El asunto fue tratado ayer por el tribunal de garantías y se llegó a un fallo que estima parcialmente el recurso que interpuso el Gobierno contra esta norma. Falta aún redactar la sentencia y notificarla a las partes interesadas, señalaron fuentes del tribunal de garantías.
El recurso del Gobierno solicitaba la anulación de estructuras como la Agencia Tributaria de Cataluña y otras disposiciones como las referidas al plan rector de infraestructuras y energías.
Según las mismas fuentes, el TC declarará en su resolución la nulidad de algunas de ellas mientras que respecto de otras realizará una interpretación de cómo deberán funcionar para adaptarse a criterios constitucionales.
En su día, el tribunal de garantías ya suspendió, a petición del Gobierno, algunos artículos de la Ley 3/2015 de 11 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas del Parlamento de Cataluña, concretamente el 69 y el 95 y varias disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la norma.
Los dos artículos señalados se referían también al Servicio Meteorológico de Cataluña, cuya regulación se modificaba con esta Ley, y a la normativa sobre equipamientos comerciales. Sobre este último aspecto, la ley modificaba la regulación existente para regular su localización en zonas portuarias de titularidad pública.
En cuanto a las disposiciones adicionales impugnadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, se referían entre otros asuntos al Plan Director de la Administración Tributaria de Cataluña.
Sobre este asunto la Generalitat se daba un plazo de cinco meses para aprobarlo con el objetivo de que este fuera ejecutado en 12 meses para que fuera un “Instrumento de Planificación Estratégica de una Administración Tributaria preparada para una eventual asunción de nuevas funciones” en Cataluña.
El resto de disposiciones que el Gobierno pidió anular se refieren al inventario de patrimonio de las Administraciones  de Cataluña y al catálogo de infraestructuras estratégicas -con el fin de garantizar la continuidad del servicio en dicho territorio.