10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a advertir este martes, por tercera vez, al presidente del Parlament, Roger Torrent, de las posibles responsabilidades, incluidas la penal, en las que puede incurrir si ignora las resoluciones del propio tribunal de garantías.
Lo hizo a raíz de la admisión a trámite de los tres últimos incidentes de ejecución de sentencia planteados por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el acuerdo de la Mesa en los que se reiteran la disposición a debatir sobre el derecho de autodeterminación, la pretendida soberanía del pueblo catalán o la reprobación al rey.
De urgencia
El Constitucional se reunió de urgencia, celebrando un Pleno extraordinario, para estudiar si admitían o no a trámite los recursos que el Consejo de Ministros acordó presentar el pasado jueves contra la admisión a trámite, el pasado 22 de octubre, por la Mesa del Parlament de una propuesta de Junts, ERC y la CUP en la que se rechaza la sentencia del Tribunal Supremo por el procés independentista, así como el acuerdo de la misma Mesa de 29 de octubre en el que se rechazó las solicitudes de reconsideración que presentaron PSC, Cs y PP.
Así, por la invocación del artículo 161.2 de la Constitución por parte del Gobierno, el Constitucional dejó en suspenso la vigencia del apartado 11 de la referida propuesta de resolución impugnada, en cuanto a que expresa que el Parlamente “reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y diputadas... la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político”.
Impedir las actuaciones
El Gobierno insiste en que los acuerdos del 22 y 29 de octubre incumplen sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2015, 2018 y 2019 relacionadas con la independencia de Cataluña y la monarquía. Pero también dos recientes providencias del Tribunal Constitucional notificadas los pasados 10 y el 16 de octubre en las que ya se advirtieron a Roger Torrent y a cada uno de los miembros del órgano que dirige el Parlament, así como en la segunda de ellas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de su deber de impedir cualquier actuación que ya haya sido suspendida o anulada por este tribunal.
En dichas providencias, el TC hizo estos avisos tras admitir otros dos incidentes de ejecución planteados por el Gobierno contra dos resoluciones del Parlament aprobadas el 25 de julio sobre las “propuestas para la Cataluña real” y el 26 de septiembre sobre la “orientación política general del Govern”, en las que se reafirmaba el derecho de autodeterminación, la independencia de Cataluña y la reprobación del rey.
Con todo ello, los magistrados vuelven a hacer una tercera advertencia al presidente del Parlament, al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros “de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”, tal y como solicitó el Gobierno.
El Constitucional también ordena al Parlament que en un plazo de tres días remita las actas de la sesión de la Mesa de 22 y 29 de octubre.
