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jueves | 18 abril | 2024
Así lo rubrican hoy Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), en un comunicado en el que exigen "que no se adopten represalias contra el personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria" ya que serán considerados defensores de derechos humanos.
Ya hay cerca de 1.800 médicos de familia que han manifestado su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los inmigrantes irregulares que sean sus pacientes, mediante su inscripción en el registro de la SemFyc.
Las cuatro organizaciones reclaman que el Gobierno revise el real decreto para cumplir con sus obligaciones internacionales ya que, en su opinión, "vulnera el pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por España".
"La no renovación de tarjetas sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud", insisten las organizaciones que advierten de las "graves consecuencias" que puede traer "para quienes sufran enfermedades crónicas, transmisibles y mentales".
Además, las organizaciones critican que el Gobierno "todavía no haya hecho pública la anunciada orden ministerial que contemplaría crear convenios especiales para atender a las personas migrantes".
Y subrayan el hecho de que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU exija "la accesibilidad económica", como uno de los elementos esenciales del derecho a la salud al considerar que "los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos incluidos los grupos socialmente desfavorecidos".
"En España, a través de la tarjeta sanitaria, se tenía acceso a todos los servicios prestados por el sistema nacional de salud. Con las actuales reformas, esas garantías se transforman en desprotección", agregan estos colectivos, que aluden también al movimiento de objeción de conciencia que se ha generado en el sector de la salud con respecto a la reforma.
