10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La inminente clasificación penitenciaria de los políticos independentistas presos, que en última instancia depende de la Consellería de Justicia que dirige la republicana Ester Capella, despertó recelos entre JxCat y ERC.
En vísperas de que las juntas de tratamiento de las cárceles donde están recluidos los líderes del procés eleven su propuesta de clasificación a la consellería, ayer afloraron las discrepancias entre las defensas de los presos de ERC y JxCat, tanto en sus expectativas como en el calendario que manejan para lograr los primeros beneficios penitenciarios.
El debate lo sirvieron ayer por la mañana los servicios jurídicos de ERC, al revelar que prevén que los presos sean clasificados de entrada en segundo grado –solo hay nueve precedentes en dieciocho años de que condenados a dos dígitos de cárcel hayan logrado el régimen abierto en un inicio–, aunque, si es así, lo recurrirán para exigir el tercero, hasta, si es necesario, llegar al Supremo.
Ese aparente posibilismo de los servicios jurídicos de ERC respecto a sus presos –Oriol Junqueras, Raul Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa– indignó a la defensa de los condenados de JxCat Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, que en un comunicado se apresuraron a criticar las informaciones que pretenden “normalizar” la clasificación en segundo grado de los internos y a exigir el régimen abierto de inmediato.
Jordi Pina, abogado de esos tres condenados de JxCat (no así Joaquim Forn, al que defiende el letrado Javier Melero), recordó también en su comunicado que el informe de las juntas de tratamiento, integradas por técnicos y por el director de la cárcel con voto de calidad, es una mera propuesta y que la “decisión final” depende de la Consellería de Justicia.
La diferencia entre las defensas de los condenados de ERC y de JxCat respecto a la gestión penitenciaria de los presos refuerza las suspicacias de los posconvergentes por las negociaciones que sus socios de Govern mantienen con el PSOE para la investidura, unos tratos de los que el lunes exigieron no ser excluidos.
De hecho, la Fiscalía puede desempeñar un papel clave en las próximas semanas respecto a la situación de los políticos presos, puesto que está en sus manos la decisión de recurrir la clasificación ante los tribunales.
Los equipos jurídicos de los presos de ERC prevén que, de entrada, sean clasificados en segundo grado, por lo que, mientras piensan recurrir a la justicia para exigir el tercero, iniciarán gestiones encaminadas a que se les aplique el artículo 100.2, lo que les permitiría, como a Oriol Pujol, salir a diario para trabajar o hacer voluntariado en condiciones similares a la semilibertad.
