Catalá cree que se debe esclarecer si la Policía realizó investigaciones irregulares

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, defendió ayer que si dentro de la Policía Nacional “se ha producido cualquier actuación irregular” con objetivos políticos debe ponerse en marcha una investigación para establecer responsabilidades, “y quien las tenga, que las asuma”.
Catalá se pronunció así sobre la información de la Cadena Ser que desvela la creación en 2012 de una Brigada de Revisión de Casos por la Dirección General de la Policía Nacional que habría trabajado en investigaciones con objetivos políticos y sin orden judicial, sobre todo en Cataluña.
El titular de Justicia en funciones aseguró no tener más información que la difundida por los medios de comunicación, pero recordó que “los poderes públicos” tienen la obligación de “cumplir la aplicación de las normas” y considera que el caso debería esclarecerse mediante una investigación judicial.
“Todos estamos sometidos a la ley, todos tenemos las obligaciones de usar adecuadamente los medios públicos y garantizar el cumplimiento de la normas. Por lo tanto cualquier investigación que acredite la comisión de cualquier infracción o cualquier delito me parece que es lo que los ciudadanos reclamamos”, afirmó Catalá antes de participar en la entrega de diplomas a los alumnos del máster del despacho de abogados B. Cremades y Asociados, en Madrid.

Blanqueo y corrupción
Por otra parte, el Ministro de Justicia en funciones destacó la puesta en marcha de políticas judiciales contra la corrupción y el blanqueo de capitales durante la legislatura de Mariano Rajoy y aplaudió la labor del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo (Sepblac) como unidad de investigación y prevención de la delincuencia.
Así lo expresó durante la entrega de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort al director del Sepblac, Juan Manuel Vega, y al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que subrayó las reformas que el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha en la lucha contra la corrupción y la delincuencia económica como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la modificación de la normativa relativa a la financiación de los partidos y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras.