10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
La Audiencia de Sevilla dictaminó que la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, debe “apurar y depurar” la investigación antes de enviar el caso al Tribunal Supremo por la existencia de posibles aforados como el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
En un auto en el que acordó rebajar de 600.000 a 450.000 euros la fianza al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, la Audiencia afirma que “el hecho de que en el transcurso de una instrucción pueda haber indicios de la posible participación en los hechos investigados de una persona aforada no implica la automática asunción de la competencia” por parte del Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Además, antes de enviar el caso al tribunal superior correspondiente, “nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar”.
El auto fue elaborado por el magistrado Juan Romeo, quien defiende que la juez Alaya “no trata de demonizar a sindicatos, empresas o políticos”, sino aclarar “una trama corrupta en la tramitación de los ERE”.
También acuerda remitir a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el recurso del abogado de González Mata para que investigue posibles delitos en las frases utilizadas en su escrito, que superan el mero ejercicio del derecho de defensa.
Aunque sin citar nombres, la Audiencia se refiere a la posible imputación en el caso de Griñán o los consejeros de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y de Economía, Antonio Ávila, y afirma que “conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el hecho de imputar a un aforado no implica per se la pérdida de la competencia y jurisdicción”.
La juez debe “apurar y depurar la instrucción, practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación”, tarea en la que “puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello”, afirma el auto.
